Ejido Baqueachi, Chih., 27 de noviembre. Los indígenas de este ejido están de fiesta. Por fin pudieron tomar posesión de 5 mil de las 25 mil hectáreas que, aseguran, les arrebataron ganaderos mestizos de Carichic y por las cuales desde hace 40 años pelean en tribunales.

Para la ejecución de la sentencia fue necesario que los fedatarios del Tribunal Unitario Agrario estuvieran custodiados por policías estatales, debido a las amenazas de muerte existentes sobre los dirigentes ejidales y la abogada Estela Ángeles Mondragón, apoderada legal del ejido, cuyo esposo, Ernesto Rábago Martínez, fue asesinado en su despacho el primero de marzo pasado, semanas después de que ganaron los primeros juicios para la restitución de las tierras.

El fallo del tribunal, emitido en diciembre de 2009, ordena a 13 ganaderos mestizos a entregar de inmediato a los indígenas los predios, las viviendas y los potreros que durante décadas ocuparon para el pastoreo de reses de engorda. La entrega se efectuó este jueves y desde entonces lo indígenas no dejan de recordar la lucha que los llevó a este triunfo.

Este ejido es uno de los pocos núcleos productivos con una dotación presidencial especial, otorgada en 1928 a la tribu tarahumara de Baqueachi, mediante la cual se reconoció el derecho de un pueblo indio a ser propietario de 44 mil hectáreas, de las cuales sólo han podido ocupar 8 mil en los 82 años transcurridos desde entonces.

Durante ese tiempo los indígenas fueron relegados a las peores tierras debido a la permanente invasión de los ganaderos que se apoderaron de los prados. No podíamos usar esta tierra. Mataban a nuestras vacas y chivas y nos llevaban a la cárcel de Carichic, dice Patricio Chávez Gabriel, segundo gobernador indígena del ejido Baqueachi, orgulloso de haber ganado una primer batalla legal.

En el ejido viven 521 familias indígenas, de las cuales más de la mitad cuenta con reconocimiento de sus derechos. La asamblea ejidal entregará los siete predios recuperados (5 mil hectáreas) a los jóvenes que no tienen casa ni tierra donde sembrar maíz y frijol de los que depende la dieta familiar de autoconsumo, pero deberán trabajar, no dejarla abandonada para irse a la ciudad, advierte el tatamandón.

La Fiscalía General del estado tiene abiertas dos investigaciones sobre la presunta relación entre el litigio de tierras y dos atentados contra la familia de la abogada Estela Ángeles, uno en febrero pasado, cuando su hija Denny Loya fue baleada fuera de su domicilio, y otra por homicidio de su esposo Ernesto Rábago.

Asimismo, indaga las amenazas de muerte contra la abogada y los líderes ejidales. En meses pasados, José Abraham Palma Fiero, agente de la policía municipal en Carichic, declaró a la prensa local sobre el conflicto: Si es necesario vamos a agarrarnos a chingadazos, pero no se van a robar lo de uno.

El jueves, durante el recorrido por uno de los predios restituidos, en la Mesa de Ocórare, la policía estatal observó en un terreno limpio de pastizal banderas rojas que indican la dirección del viento, similares a las que se usan en las pistas rústicas para aterrizaje de avionetas, aunque en la zona no existe registro oficial de alguna”.