a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y la sexta sesión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP6) fueron inauguradas ayer en Cancún en medio de un pesimismo generalizado y de escepticismo en torno a las probabilidades reales de lograr, en esos cónclaves, acuerdos vinculantes orientados a reducir de manera efectiva las emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
La desconfianza referida se relaciona de manera directa con aspectos formales del encuentro de Cancún, como la escasa presencia de jefes de Estado y de gobierno –a diferencia del encuentro anterior, celebrado en Copenhague, al que asistieron 115 gobernantes, en el Caribe mexicano se espera la llegada de no más de 20–, pero también con una presión social menguada y desgastada.
Al inaugurar el encuentro, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, dijo que sería una tragedia
que el cónclave no compliera con sus objetivos por intereses personales, de grupo, incluso nacionales
, pero el hecho real e ineludible es que la política mundial y nacional está modulada, precisamente, por esa clase de intereses. Sobrada cuenta de ello dio el propio declarante el domingo pasado, cuando hizo gala de faccionalismo al atribuir a Acción Nacional, su partido, la totalidad del mérito por lo logrado en el país en la pasada década –con cifras por demás cuestionables–, y eximió a esa organización de cualquier responsabilidad por los gravísimos problemas surgidos en ese lapso.
Por lo demás, hay una razón de fondo para temer que el encuentro de Cancún no produzca ningún resultado satisfactorio: en el marco del modelo económico que sigue siendo credo para muchos gobiernos –el que encabeza Calderón, entre ellos– y que fue el causante de la crisis mundial declarada el año antepasado y que aún se padece, simplemente no hay manera de introducir factores de racionalidad en la actividad económica –como sería un acuerdo eficiente de reducción de emisiones de GEI–, toda vez que las autoridades nacionales carecen de la capacidad de enfrentarse a los grandes intereses empresariales responsables de tal fenómeno y de obligarlos a reducir la contaminación que generan en forma directa o indirecta.
En un entorno en el que las facultades del Estado se ven disminuidas, si no transferidas a agentes privados, y cuando buena parte de los políticos y funcionarios deben su posición y su carrera a consorcios empresariales, sólo una presión social concertada y masiva podría obligar a los gobernantes a adoptar acuerdos concretos y eficaces para impedir que continúe y se agrave el deterioro ambiental en curso.
Sin embargo, en el momento presente el calentamiento global no parece ser una preocupación central en las sociedades de Europa occidental, hoy ocupadas en enfrentar paquetes económicos depauperadores y recesivos; no lo es, tampoco, en Estados Unidos, donde la disolución del optimismo generado hace dos años por la llegada de Barack Obama a la presidencia parece haberse diluido en la apatía y la desesperanza, y no lo es en México, donde la mayoría de la población se debate –a contrapelo de las cuentas alegres oficiales– entre el desempleo, la pobreza, el estancamiento económico y una inseguridad que se agrava día con día y que conlleva peligros mucho más acuciantes e inmediatos que los riesgos del calentamiento global.
