Ciudad Juárez, Chih., 29 de noviembre. Diputadas federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), encabezadas por Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial del Congreso de la Unión para dar seguimiento a feminicidios, reprocharon la falta de acción del gobierno mexicano a una sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que el 10 de diciembre de 2009 instruyó resolver ocho asesinatos de mujeres perpetrados en un predio de Juárez llamado Campo Algodonero.

Este lunes, activistas, organizaciones no gubernamentales y legisladoras rindieron homenaje a ocho jóvenes localizadas muertas en el Campo Algodonero los días 6 y 7 de noviembre de 2001. A continuación, se reunieron en el foro Justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres. A un año de la sentencia del Campo Algodonero.

La perredista Incháustegui indicó: “La mayoría de las víctimas de feminicidio son adolescentes pobres cuyos casos no son investigados por su origen social y por ser mujeres. Si fueran niñas acomodadas, (autoridades y sociedad) ya habrían puesto el grito en el cielo y todos los recursos económicos y técnicos para investigar”.

Asimismo consideró preocupante que los cientos de crímenes de mujeres que se cometen actualmente los metan en la misma bolsa simbólica del crimen organizado, con lo que se evita investigar.

La diputada priísta por Ciudad Juárez, Adriana Terrazas Porras, afirmó que durante los cuatro años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa esa localidad ha vivido una crisis de violencia y económica.

Aseguró que el Presidente entró en una guerra sin medir el tamaño del enemigo y debería hacer a un lado los discursos para actuar, pues la gente no necesita más presupuesto para seguridad, sino paz para poder salir de nuevo a las calles.

La diputada panista María Antonieta Pérez Reyes aseveró: Todos los partidos políticos han fallado en garantizar justicia y seguridad, en especial para las mujeres en todo el país, por lo cual presionaremos para que se dé una respuesta al caso.

Recordó que el plazo para acatar la sentencia de la CIDH vence el 11 de diciembre y adelantó que de no haber respuesta buscará trabajar con la Organización de las Naciones Unidas y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impulsar que se cumpla el dictamen.

La diputada petista Teresa Guadalupe Reyes Sahagún previó que si México no cumple la sentencia de la CIDH enviará un mensaje de lo más negativo a la comunidad internacional.

En el foro participaron, entre otras, las organizaciones no gubernamentales Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Amnistía Internacional, Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Mujeres por México en Chihuahua, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.