Con el objetivo de frenar la violencia física y moral contra personas que sufren alguna discapacidad mental, el diputado local Carlos Augusto Morales López (PRD) propuso reformar el Código Penal del Distrito Federal para imponer una pena de 3 a 7 años de prisión a los agresores, con lo que se tipificarían como delito grave esos hechos y no habría posibilidad de salir libre bajo fianza.

De acuerdo con la iniciativa del legislador, integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, en la ciudad de México es donde más discapacitados mentales existen en el país, con 27 mil 528, y se estima que 30 por ciento de ellos, sobre todo los que viven en el seno familiar, sufren violencia.

En casos extremos, muchas veces son golpeados o incluso amarrados, sin darles el derecho a caminar en el domicilio. Esta situación, nos parece grave, ya que en vez de rehabilitar al paciente lo estamos empeorando, argumentó en su documento Morales López.

En su propuesta –que está a la espera de ser dictaminada por la Comisión de Salud de la ALDF–, el diputado perredista detalló que la violencia física y moral contra una persona con algún trastorno mental en muchas ocasiones no es problema del familiar, ya que no existen instrumentos idóneos para su rehabilitación, como capacitación, diagnóstico precoz y oportuno o falta de infraestructura. Esa deficiencia se podrá combatir con un marco normativo integral en materia de salud mental; sin embargo, también se dan situaciones en las que la violencia que comete el familiar en contra del discapacitado mental resulta injustificada.