ras la filtración masiva de cables diplomáticos estadunidenses realizada por Wikileaks, se ha recrudecido el entorno hostil en contra de ese sitio de Internet. A los ataques cibernéticos cometidos en días previos contra la página, se suma ahora la decisión adoptada ayer por la empresa Amazon de expulsar a Wikileaks de sus servidores, en clara respuesta a las presiones ejercidas la víspera por el Senado estadunidense y la Casa Blanca. Por su parte, la administración Obama anunció ayer la creación de una oficina gubernamental encargada de investigar las filtraciones y evitar que éstas vuelvan a producirse, en tanto que el Departamento de Justicia evalúa la posibilidad de llevar a juicio al fundador del sitio, Julian Assange.

El cerco político, jurídico y cibernético que se cierra sobre Wikileaks tiene como contexto insoslayable las destempladas reacciones de Washington y sus aliados ante la revelación de los telegramas referidos, y la manifiesta incomodidad que ha causado en la Casa Blanca y el Pentágono el saberse exhibidos en algunas de sus prácticas más añejas e inconfesables, como la injerencia en asuntos internos de otros Estados y el recurso sistemático del espionaje político. Tales elementos dan fuerza a las versiones de los administradores de Wikileaks, en el sentido de que las medidas anunciadas por la administración Obama, e incluso las órdenes de captura contra Julian Assange, no obedecen a un afán legalista, sino de revancha política y control de daños, y a una redición de la inveterada práctica de acallar al mensajero para diluir el mensaje.

Así pues, de manera paralela al contenido de los cables diplomáticos, la filtración hecha por Wikileaks el pasado domingo ha exhibido, ante la opinión pública internacional, la oposición de Washington al avance de la transparencia –un componente del desarrollo democrático y civilizatorio–, así como su proclividad a recortar garantías ciudadanas elementales –como el derecho a la información– en aras de la seguridad nacional.

Lo cierto es que, con ese mismo argumento, Washington ha intentado justificar en otras ocasiones los atropellos cometidos fuera de su territorio contra sospechosos de terrorismo, las agresiones bélicas injustificables y atroces cometidas en Irak y Afganistán, e incluso al recorte de las libertades de sus propios ciudadanos puesto en práctica por las dependencias estadunidenses de inteligencia y seguridad, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tal conducta confirma que, como se señaló el lunes en este mismo espacio, el principal factor de tensión diplomática y de riesgo para la seguridad y la paz mundiales no es la labor de Wikileaks, sino el espíritu belicista, unilateral e imperialista de Washington, acentuado ahora por la defensa de la opacidad.

En suma, la hostilidad hacia el sitio de Internet desacredita aún más la imagen de Estados Unidos ante el mundo como autonombrado defensor de las libertades y los valores democráticos: antes bien, queda de manifiesto una doble moral frente a los derechos y libertades de las sociedades y un espíritu paternalista y anacrónico respecto de lo que éstas deben o no saber.

Es exigible que el gobierno de Washington modere esas actitudes, desista de su persecución inquisitorial contra Wikileaks, y reconozca y haga valer el derecho de las personas a la información.