n el contexto de la oleada de reacciones internacionales que ha provocado la filtración masiva de documentos del Departamento de Estado estadunidense por la organización Wikileaks, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, criticó el comportamiento del gobierno de Estados Unidos ante el episodio: sin dejar de reconocer el carácter de Washington como socio estratégico de su país, señaló que el escándalo diplomático actual es responsabilidad de la administración encabezada por Barack Obama, quien debe estar muy preocupado con esa filtración, y agregó que eso es una lección para que de aquí en adelante los embajadores (estadunidenses) pasen telegramas con más responsabilidad.

Lo dicho por el mandatario brasileño contrasta con las reacciones del gobierno mexicano ante el mismo asunto. A los señalamientos formulados por el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré –quien calificó el contenido de los cabes revelados como visiones parciales y sacadas de contexto–, han de sumarse los de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa: frente a las críticas de Washington a la política de seguridad pública del calderonismo, la canciller mexicana reaccionó como si fuera vocera del Departamento de Estado, dijo que el contenido de los telegramas filtrados no refleja la postura de Estados Unidos y reprobó categóricamente la revelación ilegal de documentos.

La respuesta de la funcionaria calderonista constituye una defensa improcedente de su contraparte estadunidense –pues no corresponde a los encargados de la diplomacia mexicana deslindar responsabilidades ni esclarecer dichos de las autoridades de otro país–, y exhibe un alineamiento con la postura de la Casa Blanca y el Pentágono, que han calificado de ilegal la difusión de los cables y ha emprendido una campaña inquisitorial contra Wikileaks y sus administradores. Tales reacciones, por lo demás, en nada ayudan a un gobierno mexicano que es presentado en los propios cables de Wikileaks como subordinado al estadunidense en materia diplomática: así se desprende de las afirmaciones, contenidas en uno de esos documentos, de que el gobierno de nuestro país ofreció aislar a Venezuela por medio del Grupo de Río, y de que el propio Felipe Calderón relacionó al régimen de Hugo Chávez con la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, su principal opositor en los comicios de 2006. Estas versiones, por cierto, no han sido desmentidas o esclarecidas por autoridad mexicana alguna hasta el momento.

Más allá de lo coyuntural, el contraste en las respuestas mencionadas refleja cuán distintas son las prácticas de Los Pinos y el Palacio del Planalto en materia de política exterior: mientras que el gobierno mexicano se encuentra inmerso en una dinámica que implica concesiones inaceptables al vecino del norte y claudicaciones crecientes en materia de soberanía nacional, el brasileño se ha reivindicado en años recientes como un actor central no sólo en la diplomacia latinoamericana, sino en la mundial, y como un activo defensor de la soberanía propia y de otras naciones. Nadie podría acusar a Lula de encabezar un gobierno antiestadunidense, e incluso se llegó a plantear, tras el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, que el mandatario brasileño podía desempeñarse como un factor de acercamiento entre Washington y otros gobiernos progresistas en la región. Sin embargo, el presidente brasileño ha mostrado en distintos momentos una gran visión de estadista que se refleja, entre otros ámbitos, en la conducción de su política exterior.

En suma, las filtraciones hechas por Wikileaks no sólo han desnudado algunas de las prácticas más inveteradas e impresentables de Washington; también han ayudado a esclarecer y definir las posturas y los manejos diplomáticos de los países de la región y del mundo, y resulta desconcertante ver el lugar en el que la presente administración ha decidido colocarse.