e las muchas e interesantes revelaciones que trae la filtración denominada Wikileaks destacan algunas que sólo atraen a la morbosidad, otras que sí llaman a la reflexión y las muchas otras son chismeríos diplomáticos. Recordar que el embajador de Estados Unidos en México realiza por lo menos una reunión semanal con cada uno de sus grupos de trabajo, entre ellos el de los representantes de la comunidad de inteligencia, y que tales reuniones culminan con la elaboración de un memo que es remitido a Washington.
Es de ahí que se haya colado la supuesta propuesta del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, de que se decretara la suspensión de garantías ante la situación existente de las operaciones contra el crimen. Seguramente el general, debidamente asesorado, sabía que esto es posible sólo cuando se acredita el supuesto del artículo 29 constitucional de que existe una perturbación grave de la paz. Consecuentemente, en aquella reunión de Consejo de Seguridad Nacional habrá presentado los elementos necesarios para obtener el acuerdo, los que habrían previamente sido considerados y opinados por el segundo escalón de dicho consejo.
La suspensión de garantías es un fenómeno jurídico constitucional que tiene lugar como su antecedente necesario la justificación amplia para asegurar que con dicha suspensión la actividad gubernativa de emergencia pueda válidamente desarrollarse a futuro. Su gravedad está implicada en que es un último recurso del Estado para asegurar que se protege con él la continuidad e integridad de éste, así como la de sus instituciones y la seguridad de la población.
A falta de información, lo que es tan peculiar de Calderón, sería de pensar que el general, teniendo en cuenta en plena conciencia la gravedad de las consecuencias de su solicitud, la sustentó en dos supuestos:
1. La evidencia de que la guerra calderonista, iniciada con tanta energía y que pronto retrocedió colocándose a la defensiva, sólo podría sostenerse y eventualmente recobrar la ofensiva y triunfar, con el supuesto de reducir los espacios de libertades sociales.
2. La propuesta debió estar acompañada con una argumentación firmemente sustentada en planes de operaciones, posibilidades de triunfo, costos en vidas humanas, respeto a derechos humanos, números financieros, prospectivas ante el éxito o el fracaso y un proyecto mediático. Para concluir en que, tal como lo obliga la Constitución, se definiera en qué lugar determinado, cuáles de las 28 garantías y por qué tiempo, habrían de suspenderse y que sólo así se garantizaría invertir la situación de Estado acosado y a la defensiva, en exactamente lo contrario.
Conociendo las prácticas gubernamentales, es válido suponer que dichos dos supuestos no fueron presentados en apoyo de la solicitud. Sin embargo, también es de pensarse que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se haya pronunciado, aun apriorísticamente, por no aprobar dicha propuesta, por su terrible significado, ya que ella tendría dos efectos:
1. El altísimo precio político por la grave consecuencia de aceptarse como Estado en vías de ser derrotado. En la vida posrevolucionaria sólo se han suspendido garantías durante la Segunda Guerra Mundial.
2. No sería posible garantizar la terminación del conflicto con esa medida inexorable, cuestión de sentido común.
La filtración de esta noticia, que debe verse con cuidado, que por el momento no es más que una filtración sobre un supuesto hecho, sin embargo es tan severa en sus consecuencias políticas que el gobierno debería informar con toda la amplitud que el pueblo merece. De no hacerlo así, todo lo conocido se daría por cierto y ello no abona para nada al prestigio del país, al de la conducción política en tiempos de excepción por el Presidente, ni abona tampoco nada en lo político, ni en lo confianza sobre el prestigio ya tan agraviado del Ejército Mexicano por todas las erróneas determinaciones de Calderón.
¡Cómo hubiera sido deseable que ante la gravedad vivida se recomendara al Presidente un trascendente cambio de proyecto!
