Madrid, 13 de diciembre. A principios de 2009, la embajada de Estados Unidos en México redactó un informe exhaustivo sobre el aumento de la violencia y el cambio en la naturaleza del fenómeno de los cárteles de la droga, que ya no tienen reticencias para asesinar civiles o daños colatelares –como lo definen. Incluso, el gobierno de Barack Obama admite el riesgo latente que corre su personal, tanto administrativo diplomático como policial, al tiempo que reconoce que desde 2007 unos 120 colaboradores o informantes de la DEA y la FBI –todos mexicanos– han sido asesinados por narcos.

En un documento secreto revelado por el portal Wikileaks, los diplomáticos estadunidenses en México constatan el rápido deterioro de la seguridad, incluso recurren a tablas estadísticas en las que muestran –todos ellos extraídos de informes secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Cenapi– que la violencia va en aumento y se extiende desde la frontera a otras regiones del país. Incluso cita, con preocupación, los graves incidentes de los 12 decapitados en Yucatán, o las granadas en el Día del Grito de la Independencia en Morelia y la ejecución de 24 personas en las inmediaciones de la ciudad de México.

El informe, con el número 000193, que fue clasificado por el ministro consejero Charles V. Barclay, expone que en “2008 se ha alcanzado un nuevo récord del número de homicidios relacionados con el crimen organizado, que ha superado los 6 mil asesinatos. La violencia en México se ha convertido en un tema de preocupación para los medios de comunicación de Estados Unidos y el resto del mundo, que coinciden en sugerir que lo peor está por llegar. Mientras no hay señales que apunten a que esto mejorará, más bien todo hace pensar que los cárteles de la droga han decidido aumentar sus ataques contra civiles, así como sus acciones sistemáticas contra los oficiales del gobierno de México o representantes del gobierno de Estados Unidos.

“Los problemas generados por los cárteles y el plan de lucha contra el narcotráfico del gobierno ha aumentado el riesgo de hacer negocios en México. A lo que hay que añadir a los traficantes frustrados que se dedican al secuestro y la extorsión”.

En el informe, de carácter analítico pero sustentado en datos del propio gobierno de Felipe Calderón, se constata que muy pocos asesinatos son investigados y no se logra establecer si de verdad hay un vínculo con el crimen organizado. Pese a esto calculan que el número de muertos en 2008 fue de 6 mil 262, mientras que otras autoridades gubernamentales elevaron la cifra. La Sedena reportó que los homicidios por grupos delictivos representan 17 por ciento del total de crímenes del año pasado, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) calcula que hubo alrededor de 10 mil 700 muertes intencionadas.

Los observadores estadunidenses registran que la violencia se concentra en la frontera, en unos cuantos estados. Apuntan que 41 por ciento de los homicidios relacionados con el tráfico de drogas se cometieron en Chihuahua y Baja California, sobre todo en Ciudad Juárez y Tijuana. En Sinaloa hubo unos mil 48 homicidios, lo que representa 18 por ciento del total de asesinatos en el país.

En este sentido, constataron que en ese año se gestaba un cambio profundo en la naturaleza violenta de los cárteles de la droga, con un aumento significativo de la brutalidad, con una indiferencia despiadada ante los potenciales daños colaterales y el incremento de los asesinatos de los policías y soldados. Los narcotraficantes cometían actos de violencia para lanzar mensajes de intimidación a las fuerzas de seguridad y a los líderes políticos, señalan. Además advierten que los cárteles, sobre todo el del Golfo, el del Pacífico y el de Juárez, han sofisticado sus arsenales.

El informe explica que un método que utilizan ahora los cárteles para intimidar es el mostrar los cuerpos decapitados y desmembrados en sitios públicos y plazas. Eso era relativamente raro hace dos años y ahora se ha convertido en algo cotidiano, sostienen.

La extensión de ese miedo en la sociedad ha provocado, según el informe, que la población civil en algunas zonas urbanas alrededor de la frontera construya auténticos búnkers y envíe su dinero y a sus hijos a Estados Unidos, mientras que la mayoría de la población a pesar de no estar afectada de forma directa por el tráfico de drogas sí se muestra inquieta ante la situación.

Explican que una de las razones del aumento de la criminalidad son los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y criminales. Incluso informan que las víctimas policiacas (en todos los niveles de gobierno) suponen 8 por ciento de todos los asesinatos de 2008 relacionados con el tráfico de drogas. La gran mayoría eran miembros de cuerpos estatales y municipales.

En otro apartado del informe se advierte de los riesgos que corre el personal diplomático, administrativo y policial estadunidense en México, por lo que se han tomado precauciones serias y rigurosas, pues “a pesar de que los cárteles no los han agredido directamente, sí han mostrado pocas contemplaciones en atacar a nuestros aliados más fiables de las agencias mexicanas.

“Diez colaboradores de la DEA han sido asesinados desde 2007, siete de ellos miembros de la Unidad Especial (Special Vetted Units). En dos años, 51 contactos cercanos de la FBI fueron ejecutados. Más de 60 de los mejores agentes mexicanos y en los que teníamos total confianza y con los que colaborábamos en investigaciones y en unos casos entrenamiento, han muerto por los cárteles”.

Ante esta situación, Estados Unidos reconoció a principios de 2009 que era consciente de que la violencia contra su personal podría aumentar, una vez que las autoridades mexicanas y los análisis policiales prevén que la situación empeorará.