La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la persecución de delitos fuera de aguas territoriales –conocidas como zona económica exclusiva– al determinar que el Estado mexicano sí ejerce jurisdicción en alta mar, pues en ella pueden desempeñarse funciones de control, vigilancia y detención de individuos.

En su sesión, los ministros ratificaron un criterio constitucional que determina que si bien es cierto que la zona económica exclusiva no es parte del territorio nacional, en términos del artículo 42 de la Carta Magna, también resulta indudable que en dicho espacio se ejerce parte de la soberanía del Estado.

Los integrantes de la primera sala confirmaron la sentencia de un tribunal que negó el amparo a presuntos delincuentes detenidos en alta mar, quienes fueron acusados de introducir narcóticos en grado de consumación.

En su demanda de protección, los acusados argumentaron que la sentencia es inconstitucional, pues la autoridad responsable estableció que fueron detenidos a 80 millas náuticas de la costa mexicana, lo cual demuestra que se les arrestó en la zona económica exclusiva.