yer, nueve días después de que Wikileaks comenzó la filtración masiva de documentos del Departamento de Estado, el fundador y director de ese sitio de Internet, Julian Assange, se presentó ante las autoridades británicas en Londres, donde fue detenido a consecuencia de una orden de captura emitida por el gobierno sueco, por sospechas de coerción ilegal, acoso sexual y violación. Horas más tarde, un juez de primera instancia en el tribunal de Westminster, en el centro de la capital británica, rechazó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por el acusado, y determinó que éste deberá permanecer en custodia hasta el 14 de diciembre, en espera de su posible extradición a territorio sueco.

Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del periodista australiano en los delitos que se le imputan, es ineludible que el proceso en su contra ocurre en el contexto del escándalo mundial por las pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras en Irak y Afganistán, y por la difusión de los papeles del Departamento de Estado y la manifiesta irritación que la labor de Wikileaks ha generado a máximos poderes mundiales. En ese sentido, y aunque las órdenes de captura contra Assange han sido calificadas por la justicia sueca de acciones totalmente independientes y ajenas a presión política alguna, difícilmente se les puede desvincular de las destempladas y equívocas reacciones de Washington y sus aliados ante la divulgación de los documentos referidos; del cerco político, cibernético y financiero que ha padecido el sitio en días recientes, e incluso de los llamados de miembros prominentes de la clase política estadunidense y canadiense a asesinar al director de Wikileaks. El contexto pone en duda el afán legalista de las acusaciones comentadas, y hace que sean percibidas como parte de una campaña dirigida a acallar, por medios distorsionados –así se ciñan a la letra legal o resulten manifiestamente delictivos–, un ejercicio de transparencia y libertad informativa.

En forma paradójica, la opacidad y la virulencia con que los integrantes del establishment mundial han reaccionado ante las filtraciones de Wikileaks han tenido el efecto contrario al que habrían esperado: lejos de desacreditar la labor de Assange y sus colaboradores, la han realzado como un elemento invaluable de control social y de escrutinio público frente a una institucionalidad internacional de etiquetas democráticas que oculta la verdad sobre prácticas inconfesables y hasta abiertamente ilegales: crímenes de guerra, conspiraciones, incitaciones a la corrupción, actos de espionaje, allanamiento de soberanías, hostilidad diplomática contra gobiernos críticos, encubrimiento de regímenes impresentables.

Al margen de los intereses que pudieran estar detrás de las tareas de Wikileaks, es innegable que el sitio ha realizado un aporte invaluable a la causa de la libertad de expresión, la transparencia y el derecho a la información, elementos imprescindibles del desarrollo democrático y civilizatorio. Corresponderá a los sectores lúcidos y comprometidos de la opinión pública internacional hacer buen uso de estos recursos y ejercerlos como forma de control social ante las pulsiones oscurantistas y antidemocráticas de los gobernantes.