na vez más, Costa Rica se le adelantó a Nicaragua al introducir una demanda contra nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por supuestos daños ambientales y violación a su soberanía. Por segunda vez en menos de un mes, Costa Rica ha sobredimensionado este diferendo. Primero intentó colocarlo en la OEA como si se tratara de una invasión militar, y ahora de nuevo desafía a Nicaragua en el terreno jurídico, por un conflicto que surgió en torno a una pequeñísima franja de tierra ubicada en el extremo norte de Harbour Head, en la desembocadura del río San Juan.

A lo inmediato, la demanda tica persigue que la corte ordene medidas cautelares para frenar los trabajos de dragado que impulsa Nicaragua en ese territorio de apenas dos kilómetros cuadrados, aunque resulta obvio que sus pretensiones apuntan a impedir el dragado a lo largo y ancho del río. El presidente Ortega ha dicho que Nicaragua está preparando una demanda contra Costa Rica en La Haya por los daños ambientales causados a lo largo de los 200 kilómetros del río, a causa de la sedimentación que se origina en el despale costarricense, y que además solicitará el derecho a navegar por el río Colorado mientras concluyen las labores de dragado. En cualquier caso, ya estamos enfrascados en otra disputa jurídica que seguramente tomará cuatro o cinco años, y requerirá destinar una gran cantidad de recursos económicos –5 millones a 7 millones de dólares– en un diferendo en el que las partes no han agotado el esfuerzo de un diálogo bilateral para resolverlo.

A contrapelo del triunfalismo de la propaganda oficial, hay que reconocer que Nicaragua perdió una importante batalla política en la OEA, cuando el gobierno del presidente Ortega se negó a aceptar una resolución que beneficiaba plenamente los intereses de Nicaragua. La resolución de la OEA llamaba a realizar la reunión de la Comisión Binacional entre Nicaragua y Costa Rica programada para el 27 de noviembre y demandaba a las partes retomar las conversaciones sobre la demarcación de la línea fronteriza, conforme a los tratados y laudos existentes. Eso era exactamente lo que Nicaragua le exigía a Costa Rica cuando estalló el conflicto. Esa resolución ni siquiera hablaba de la supuesta invasión que ahora Costa Rica reclama ante La Haya y únicamente le pedía a las partes evitar la presencia de fuerzas armadas o de seguridad en el área donde su presencia podría generar tensión, para facilitar un clima de diálogo. Pero el gobierno se aferró a un malentendido concepto militarista de la soberanía y empantanó a nuestra diplomacia en los suampos de Harbour Head, desperdiciando una oportunidad de oro para poner a la defensiva a Costa Rica y avanzar en nuestros verdaderos objetivos estratégicos: el dragado del río San Juan y el amojonamiento de la frontera.

El resultado ha sido una tendencia al aislamiento diplomático de Nicaragua en América Latina. Países que ejercen un liderazgo clave en la región como México, Brasil, Argentina, Chile y hasta algunos de los aliados de Ortega en la Alba, tomaron distancia de la posición intransigente del gobierno, y aquí en Nicaragua muchos empiezan a preguntarse si el presidente Ortega descartó el camino de una rápida solución porque le conviene más prolongar este conflicto en función de sus propios cálculos políticos electorales.

En resumen, perdimos la oportunidad de ir al diálogo bilateral con Costa Rica desde una posición no sólo de legalidad sino con mayor legitimidad política. Estamos perdiendo la batalla política en la OEA, al autoexcluirnos de sus actividades, donde sesionarán los cancilleres del 7 de diciembre. Y ahora Costa Rica nos acusa en el máximo foro jurídico de invasión a su territorio, utilizando como prueba los propios mapas que Nicaragua presentó en el juicio de La Haya con Costa Rica (que la corte falló en 2009), según los cuales ese pequeño territorio de dos kilómetros cuadrados que ocupamos en río San Juan se encuentra en Costa Rica.

A lo largo de esta controversia que ya lleva un mes, hemos insistido en que Nicaragua debe prepararse para ganar, en el diálogo bilateral, en la OEA y en La Haya, para frenar todas las pretensiones de Costa Rica de limitar nuestros derechos soberanos en torno al río San Juan. Por eso hemos llamado la atención, con preocupación y responsabilidad patriótica, sobre algunas contradicciones evidentes que afectan la estrategia de defensa nicaragüense. Por ejemplo, el hecho de que durante más de 100 años los mapas de Nicaragua más bien le sirven de respaldo a los argumentos de Costa Rica en ese punto específico de la frontera en Harbour Head. Dicho sea de paso, los mapas más recientes avalados por el gobierno, que cualquiera los puede comprar en una librería, han sido desactivados del sitio web del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) sin que nadie haya brindado una explicación.

El argumento oficial es que nuestros mapas nunca fueron verificados en el terreno –lo cual representaría un error imperdonable de todos los cancilleres, desde el gobierno de José Santos Zelaya en 1893 hasta el de Daniel Ortega en 2010– y que por lo tanto hay que seguir al pie de la letra lo que dice el laudo Alexander de 1897-1900. Pero resulta que el texto del laudo tampoco refuerza de forma contundente el argumento de Nicaragua sobre la delimitación fronteriza en la boca del río San Juan. Dice Alexander que “al llegar a las aguas de la laguna de Harbour Head la línea divisoria dará vuelta a la izquierda hacia el sureste y continuará marcándose con la orilla del agua alrededor del Harbour hasta llegar al río propio por el primer channel (estrecho, caño, canal) que encuentre”. Y luego el margen derecho del río San Juan se convierte en la línea fronteriza. Y esta descripción está acompañada por un croquis que forma parte del laudo, en el que el extremo norte de Harbour Head no está atravesado por un caño, estrecho, o canal, sino bordeado por un canal en el que aparece de forma punteada la línea fronteriza.

El gobierno también argumenta y con toda razón que la geografía de esta zona ha cambiado drásticamente en los últimos 150 años, producto de la sedimentación del río. Pero las fotografías satelitales que se han presentado hasta ahora tampoco resultan categóricas para demostrar la existencia de un caño o canal que en el pasado habría conectado Harbour Head con el río San Juan, en el sitio donde el comandante Edén Pastora, como representante del gobierno, inició el dragado.

En consecuencia, para derrotar la demanda costarricense en La Haya y despejar el camino hacia nuestra propia demanda contra Costa Rica, el experimentado equipo jurídico de Nicaragua necesita presentar un arsenal de documentos históricos y mapas de la época referidos al laudo, así como fotografías actuales, inspecciones en el terreno y mapas satelitales, que demuestren de manera inobjetable que ese caño existió donde está dragando el comandante Edén Pastora. De lo contrario, corremos el riesgo de que se repita el fiasco de la OEA con mayores consecuencias, pues lo que está en juego no es la palabra del rocambolesco Edén Pastora sino la credibilidad del Estado de Nicaragua y la confianza que toda la nación ha depositado en torno a una política de Estado. Porque una cosa es dragar para ampliar el cauce del río San Juan o reconstruir un caño que ha sido sedimentado, a lo cual tenemos pleno derecho a lo largo y ancho de todo el San Juan, y otra muy diferente es cavar un canal en un territorio que no nos pertenezca, aunque la obra sea sólo de 800 metros. Eso es lo que determinará la corte en los próximos meses, y por ello desde la perspectiva del interés nacional el gobierno está obligado a corregir las fallas que se advierten en su estrategia. Nicaragua no puede darse el lujo de cometer otro error, porque lo que está en juego es mucho más que un diferendo casi simbólico en torno a dos kilómetros cuadrados de suampos. El desenlace de este primer juicio debería reforzar y no poner en entredicho nuestro derecho en torno al dragado del río, que va mucho más allá de esa pequeña franja de territorio.

Y mientras se inicia este largo y costoso proceso en La Haya, es urgente explorar otras alternativas. Nuestra diplomacia debe salir del pantano en que literalmente se encuentra en Harbour Head y emplazar a Costa Rica en el diálogo bilateral en torno a los verdaderos objetivos estratégicos del país. Para ello se requiere una movida política audaz, un gesto de estadista de parte del presidente Daniel Ortega, como lo ha sugerido su hermano el ex general en retiro Humberto Ortega. El ex jefe del ejército sostiene que Ortega debería reubicar la patrulla de soldados que está en Harbour Head en su base de San Juan de Nicaragua, y mantener desde allí la vigilancia sobre la zona. De esa manera, sin renunciar ni perder soberanía, Nicaragua despojaría de pretextos al gobierno de la presidenta Laura Chinchilla para sentarlo en la mesa de negociaciones.

A final de cuentas, se trata de poner a prueba quién tiene voluntad política para desmontar un peligroso factor de tensión entre Nicaragua y Costa Rica que puede tener consecuencias impredecibles para más de 500 mil nicaragüenses que viven y trabajan en Costa Rica. El diálogo directo es lo que más le conviene a Nicaragua, con independencia de lo que decida La Haya en el futuro.

* Periodista nicaragüense.