El gobierno estatal de Río de Janeiro lanzó en diciembre de 2008 un programa de pacificación de las favelas cariocas con características similares a la doctrina y la estrategia de contrainsurgencia que Estados Unidos aplica en Afganistán e Irak, reportó el consulado general de Estados Unidos en un documento filtrado este martes por Wikileaks, que anticipó el choque violento registrado hace dos semanas en el barrio Alemao, donde murieron 46 personas durante el asalto de las fuerzas de seguridad.

El componente clave del programa es la Unidad Policial de Pacificación (UPP), que cuenta con unos 500 agentes. Hasta ahora, el programa ha sido exitoso en las favelas tomadas por la policía, pero ha resultado desigual la subsecuente entrega de servicios básicos y los planes de asistencia social, que forma parte del plan de recuperación de zonas dominadas por grupos delictivos.

La problemática de seguridad en Río de Janeiro es abordada por el cónsul Dennis Hearne en una serie de siete cables en los que argumenta que la situación en las favelas es equivalente a la de un conflicto armado interno.

Para afirmar que la situación en los barrios pobres de la ciudad es una guerra con otro nombre y no un simple conflicto urbano, el diplomático citó a un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo nombre omite, con experiencia en tres países en guerra civil, quien sostiene que si bien el concepto jurídico establecido en el segundo protocolo de los Convenios de Ginebra no corresponde con la problemática carioca, el hecho es que hay facciones organizadas con el monopolio de la violencia mientras se libra un conflicto abierto con bandos rivales o fuerzas estatales, además del impacto en civiles atrapados entre los bandos.

Hearne dice que el programa de pacificación comenzó en diciembre de 2008 y que un año después había varias favelas ocupadas por la UPP, de un millar de barrios donde viven 3 millones de personas sin servicios públicos como electricidad, drenaje o calles pavimentadas.

El cónsul se refiere a críticas en el sentido de que los primeros barrios tomados por la policía están cerca de zonas turísticas. Apunta que el éxito del programa dependerá de la percepción que la gente tenga en la legitimidad de las acciones del Estado y destaca que desde el punto de vista económico, la incorporación de las favelas significaría un aumento de la actividad económica del orden de los 21 mil millones de dólares.

Para que el gobierno estatal carioca consiga el control de esas zonas, es necesario arrebatar a los traficantes de drogas unas 40 favelas, apunta Hearne, citando al secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Beltrame, con quien visitó la favela Doña Marta y pudo observar un muro con impactos de bala, donde los pandilleros ejecutaban a sus enemigos antes de la ocupación de la UPP, que es un cuerpo paramilitar.

Hearne afirma que si bien la información gubernamental no da cuenta de que los policías hayan matado civiles, hay organizaciones no gubernamentales –locales y estadunidenses– que aseguran que cientos de personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Human Rights Watch informó haber documentado mil 137 casos de personas asesinadas por agentes policiales en 2008, cuando intentaron resistirse al arresto.

Una organización local denominada Global Justice, según el cónsul estadunidense, dice que los policías no distinguen entre delincuentes y residentes comunes de las favelas, lo que constituye la primera causa de tantos asesinato a manos de los agentes. Peor aún, afirma la ONG, la corrupción policial incrementa la violencia en los barrios y los mismos agentes se involucran en las guerras de facto por el control de los mercados de droga.

El Instituto Brasileño para el Análisis Social, mencionado en uno de los memorandos, critica que el actual programa de pacificación es la reproducción de otro aplicado en 1986. La policía ya intentó esto antes hasta que ellos mismos se involucraron en el tráfico de drogas.