Londres. Autoridades de Suecia y Estados Unidos comenzaron conversaciones informales para que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, detenido en Londres, sea extraditado a territorio estadunidense y sometido a juicio por espionaje tras la divulgación de los más de 250 mil documentos secretos del Departamento de Estado.

Según fuentes diplomáticas citadas por The Independent, Assange sólo podrá ser extraditado a Estados Unidos cuando el gobierno de Barack Obama presente cargos contra él. Además su traslado a territorio estadunidense tendrá lugar sólo cuando los procesos legales concluyan en Suecia, donde tiene una orden de arresto por supuesto abuso sexual.

El lunes el procurador general estadunidense, Eric Holder, declaró que el gobierno de Obama considera usar todo el peso de la ley, en especial la legislación contra espionaje, para procesar a Assange por la revelación de más de 251 mil documentos secretos del Departamento de Estado.

Aunque Assange es ciudadano australiano, expertos legales estimaron que existe la posibilidad de llevarlo a juicio en Estados Unidos. En algunos países es fácil procesar a gente por difundir información clasificada.

Sin embargo, especialistas estimaron que Assange y Wikileaks podrían declararse como una organización de noticias y con ello estarían protegidos por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Una buena noticia: Gates

El secretario de Defensa estadunidense, Robert Gates, al comentar sobre el arresto de Assange, dijo que se trataba de una buena noticia.

Todavía no me lo habían dicho, pero parece una buena noticia, declaró Gates al ser interrogado por la prensa a su llegada a Fort Connolly, una base militar estadunidense situada en el este de Afganistán.

Sin embargo, el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, se desmarcó posteriormente al señalar que en esta fase se trata de un tema bilateral entre Gran Bretaña y Suecia, aunque precisó que su país continúa investigando.

La próxima audiencia contra Assange se celebrará el 14 de diciembre en la capital británica, pero la batalla legal puede durar meses y llegar hasta la Corte Suprema de Gran Bretaña.