El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia encabezó ayer por última vez una sesión pública en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En breve mensaje, agradeció a sus compañeros la amabilidad con la que han respondido a la rectoría que me ha tocado ejercer, la tolerancia hacia determinados errores (y) omisiones que suelen darse cuando uno está ocupado en varias cosas a la vez.

Aun cuando el periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación (PJF) empieza a finales de la siguiente semana, Ortiz Mayagoitia propuso a sus compañeros, por cuestiones propias de fin de año, que ya no hubiese sesión jueves y lunes próximos.

Así, el pleno aplazó para enero la resolución de un tema en cuya discusión se dio a conocer que el Gobierno del Distrito Federal enfrenta 319 juicios de inejecución de sentencia ante la SCJN, en los cuales, de aplicarse lo estipulado en el artículo 107 constitucional, gran número de funcionarios capitalinos de todos los niveles tendrían que ser destituidos y consignados penalmente por incumplimiento.

A pesar de que los ministros destacaron la importancia del tema y de que la Corte debe fijar criterios para garantizar el cumplimiento de las sentencias de amparo, en la capital del país y a escala nacional, que tienen que ver con la expropiación de inmuebles, el pleno decidió aplazar la discusión para enero.

Mientras, ante la incertidumbre sobre el posible nombramiento del sucesor de José de Jesús Gudiño Pelayo (este jueves el Senado analizará la terna de aspirantes propuesta por el Presidente de la República), Ortiz Mayagoitia sólo recordó a sus compañeros que el martes próximo se presentarán los informes de los presidentes de la primera y segunda salas: Arturo Zaldívar y Sergio Aguirre Anguiano, respectivamente, y que el miércoles 15 presentará su último informe de labores.

Ortiz Mayagoitia entregará la presidencia de la SCJN el 3 de enero, cuando el pleno elija a su sucesor en sesión pública. El único candidato registrado es Juan N. Silva Meza.

No obstante que el presidente de la Corte afirmó que agotó la lista de asuntos prioritarios que teníamos previstos para el año, el pleno dejó sin resolver la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, la cual incluía, entre las recomendaciones al Estado mexicano, resolutivos obligatorios para la SCJN y para el PJF, sobre los cuales el máximo tribunal debió fijar postura antes del 15 de diciembre.

En septiembre pasado, el ministro José Ramón Cossío presentó un proyecto de dictamen en el que señaló que la Corte debía acatar la sentencia, y el pleno debió emitir un criterio para que los jueces –sin necesidad de esperar la aprobación de una reforma constitucional– juzgaran en el ámbito civil a militares acusados de cometer delitos en agravio de civiles.