El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados anunció que presentará mañana su iniciativa de reforma laboral, con la que ese grupo parlamentario responde a la del Ejecutivo, pero en la que también se pretende condicionar los aumentos salariales y el escalafón de los trabajadores a la productividad y la competitividad en el empleo.

Durante la reunión plenaria de la bancada tricolor, los diputados del sector obrero hicieron una presentación del proyecto, que fue avalado por la mayoría de los priístas, explicó su coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez.

En el documento que presentó en el encuentro el presidente de la Comisión de Trabajo, Tereso Medina, el PRI asegura que defenderá los derechos laborales de los trabajadores y su forma de organización mediante los sindicatos; acotará el outsorcing –que se propone sea considerado fraude laboral–, y reduciría la jornada laboral a 40 horas semanales.

El ex dirigente cetemista de Coahuila sostuvo que con la iniciativa el PRI envía un mensaje claro y contundente a la sociedad de que es un partido actuante frente a las nuevas realidades sociales y económicas.

Refirió que entre las modificaciones que pretende avalar el PRI está prohibir las diversas formas de discriminación laboral sexual, de género, por preferencias, religión y embarazo, así como evitar y sancionar la explotación infantil.

Otra de las características, explica el texto, es restringir el uso de la figura de subcontratación, para hacer a las empresas dedicadas a esa prácticas sujetos de derechos, pero también de todas las obligaciones contractuales, y se le considere un mecanismo complementario, no evasivo de los salarios y las prestaciones legítimas, legislando como fraude laboral su uso cuando se emplee para evadir responsabilidades laborales.

Además, la iniciativa priísta considera adicionar un régimen de productividad integral, desde la capacitación obligatoria, el apoyo para concluir los ciclos escolares de los trabajadores y los programas tripartitos.

Sin embargo, también incluye la certificación laboral, la mejora escalafonaria y salarial ligada a la productividad, y el mejoramiento de la competitividad del trabajo.

Incluirá un cambio en la base para el cálculo del salario mínimo y las indemnizaciones, así como el derecho de los trabajadores eventuales a recibir el pago de utilidades. Asimismo reconoce el trabajo a distancia vía Internet.

También, aunque no detalla los alcances de este punto, el proyecto considera mejorar la impartición de la justicia del trabajo, y la profesionalización del personal de los organismos encargados de administrar los procesos y conflictos laborales.