a reforma a los artículos tercero y 31 de la Constitución, que vuelve obligatoria la educación media superior, constituye en principio un avance loable en la adecuación del marco legal a las necesidades educativas del país. Pero si el propósito que se persigue con esa modificación legislativa resulta incuestionable, su realización colisiona con diversos componentes de la realidad actual.
Un primer elemento a tomarse en cuenta es el rezago histórico que México arrastra en materia de cobertura educativa: actualmente, cuatro de cada 10 jóvenes en edad de cursar el bachillerato se quedan sin ingreso a los ciclos de educación media superior, y la cifra asciende a ocho de cada 10 en lo que toca a la enseñanza universitaria. El déficit de plazas en las instancias públicas de educación media superior y superior, en conjunto con la insuficiencia de los puestos de trabajo en el país, configura una realidad excluyente y hostil para millones de adolescentes y adultos jóvenes. Con estas consideraciones en mente, el plazo fijado por el Legislativo para alcanzar la cobertura universal del bachillerato –10 años– se antoja demasiado amplio y hasta riesgoso para la paz social y las instituciones existentes.
Por otra parte, es claro que la Federación y los gobiernos estatales habrán de realizar un esfuerzo mayúsculo para lograr el propósito de hacer valer el contenido de la reforma referida, y ello guarda poca o ninguna relación con el abandono presupuestario al que se ha condenado a la educación en general en las últimas dos décadas. Otro tanto puede decirse de la continuidad del modelo económico vigente, el cual ha conllevado la claudicación, por parte de los gobiernos del ciclo neoliberal, de obligaciones básicas en materia educativa. Sin una dignificación presupuestaria de los ciclos de enseñanza a cargo del Estado y sin una reorientación de la política económica del gobierno resulta difícil imaginar cómo podrá lograrse que la inclusión de la obligatoriedad del bachillerato en la Constitución pase de ser un derecho potencial
a ser un derecho exigible
, como señaló ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles.
Un tercer factor de debilidad de la reforma comentada está relacionado con la proverbial desvinculación existente entre ciclos, programas y organismos educativos. Ilustrativo de ello es que las modificaciones constitucionales hayan sido aprobadas sin tomar en cuenta a las instituciones universitarias que, empezando por la propia UNAM, operan un gran número de planteles de preparatoria: difícilmente se podrá dignificar la educación media superior sin considerar la vasta experiencia de la máxima casa de estudios y de las universidades estatales y sin incrementar sustantivamente los recursos públicos que se les destinan.
En la circunstancia presente, el reconocimiento de la obligatoriedad del bachillerato es un avance y una modificación legislativa de obvia necesidad, pero que resulta insuficiente: se requiere, además, que el Legislativo actúe en forma consecuente con sus propias deliberaciones y que se comprometa a mejorar los presupuestos otorgados a la educación media superior y superior. El Ejecutivo, por su parte, deberá involucrarse en el mejoramiento y ampliación de los planteles, en la construcción de la infraestructura necesaria y en la elevación de la calidad educativa; en suma, deberá dar un viraje en la política de abandono deliberado de la educación pública seguida desde hace décadas.
