En el contexto del 62 aniversario de la promulgación de la Carta Universal de los Derechos Humanos, organizaciones defensoras de las garantías individuales exigieron que los tres niveles de gobierno investiguen y encuentren vivas a miles de personas desaparecidas o averigüen dónde quedaron sus cuerpos, en caso de que hayan muerto, y en qué circunstancias perdieron la vida.

Organizaciones y familiares de desaparecidos coincidieron en que hay un preocupante incremento de desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos obligados de población, así como agresiones a defensores de derechos humanos, lo cual ocurre en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada decretada en 2006 por el gobierno de Felipe Calderón.

“El grado de complicidad existente en México entre autoridades y criminales hace que las ejecuciones ocurridas durante este sexenio parezcan necesarias, porque se trata de malos ciudadanos”, advirtió Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila.

“Estamos viviendo una nebulosa de desapariciones y ejecuciones de personas que, además de ser jóvenes, son pobres, y todo esto resulta peligroso, pues pareciera como si se tratara de una campaña de exterminio de ese sector de la población. Hoy mismo no sabemos si efectivamente se trata de operaciones del crimen organizado o de paramilitares que estén exterminando”, anotó.

Después de 62 años de la declaratoria universal de los derechos humanos, en México no está vigente, pues sólo en Coahuila hay registro de 104 desapariciones forzadas en los pasados tres años, y en el norte del país suman más de 500. Las víctimas son trabajadores sin vínculos con delincuentes, dijo.

En Tijuana, Baja California, Cristina Palacios y Fernando Ocegueda, de la Asociación Contra la Impunidad, aseguraron que en los últimos cuatro años, sólo en esa ciudad fronteriza se han reportado más de 200 casos de desaparición forzada.

Consuelo Morales Elizondo, coordinadora de la agrupación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, sostuvo en Nuevo León que la corrupción y la impunidad han permeado en todos los niveles de gobierno, lo cual explica el recrudecimiento de las violaciones a las garantías individuales en los años recientes.

Señaló que en Nuevo León hay al menos siete casos con testigos que sostienen que atrás de algunas desapariciones están militares, cuerpos policiacos federales, estatales y municipales, pero a pesar de que los familiares hicieron las denuncias correspondientes y coadyuvaron presentando pruebas ante el Ministerio Público, el aparato de procuración de justicia se ha mantenido inamovible.

Para exigir la presentación de más de 400 desaparecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante los cuatro años del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, parientes de esas personas realizaron una marcha que concluyó con un acto cultural en la plaza de armas.

Antes se detuvieron en la Fiscalía General del Estado. Cuatro personas ingresaron a las oficinas para plantear sus exigencias, entre las cuales se encuentra la creación de una fiscalía especializada para la atención y búsqueda de al menos 50 mujeres y niñas de las que no se sabe su paradero, en la que participen los tres niveles de gobierno.

En la subdelegación de la PGR en la ciudad de Chihuahua, integrantes de la organización Justicia para Nuestras Hijas realizaron un plantón para demandar información sobre la investigación de estos casos, informó Norma Ledezma, dirigente de la organización.

Frente a la sede del gobierno estatal, el Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida Digna en Chihuahua presentó 13 mandatos de la población para erradicar la violencia en la entidad, entre los que destaca el pleno respeto a las garantías fundamentales, creación de oportunidades de desarrollo económico y social para los jóvenes y garantías para la vida de los ciudadanos, entre otros.

Víctor Quintana, dirigente de la organización, señaló que en la entidad se vive la peor crisis de inseguridad y falta de garantías para los habitantes desde que el gobierno de Felipe Calderón empezó la guerra contra el narcotráfico, la cual ha costado casi 9 mil vidas en esta entidad, y sólo este año cerrará con 4 mil.

Leopoldo Ramos, David Carrizales, Rubén Villalpando, Miroslava Breach y Antonio Heras