Durante los comicios de 2009, la participación ciudadana tuvo un notable sesgo en cuanto a la votación por sexos, pues 55.7 por ciento de los votos correspondieron a las mujeres y 44 por ciento fueron de hombres. Esto es, de los 34.1 millones de sufragios que se emitieron en los comicios intermedios, 19 millones fueron votos femeninos y 15.1 millones provinieron del sexo masculino, lo que demuestra que, más allá de las diferencias entre sexos en el padrón electoral, las mujeres tuvieron mayor participación.

Tales datos se desprenden del estudio que realizó el Instituto Federal Electoral (IFE) mediante la apertura de miles de paquetes de los comicios de 2009, en el mayor estudio que se haya realizado en cuanto a la participación electoral en México. El análisis es claro en señalar que los estados de México, Coahuila, Campeche y Querétaro son las entidades donde la tendencia de mayor participación femenina fue más acentuada, hasta por 10.3 puntos porcentuales de diferencia respecto de los hombres.

De acuerdo con el informe que este mediodía conocerá el Consejo General del IFE, también se analiza la participación por edad, y sobresale que los jóvenes de 18 años acudieron a votar muy por arriba de la media. Según las cifras, este grupo superó por 5 puntos porcentuales al 44.1 por ciento que representa la media nacional.

Durante la sesión, el Consejo General del IFE desechará cualquier sanción a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) por el acuerdo alcanzado –con la presencia de la Secretaría de Gobernación– para que, a cambio de que el PAN no pactara alianzas con la izquierda, el PRI avalara el presupuesto 2009, acuerdo que concluyó con la renuncia del entonces titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont.

Sin embargo, se establece el inicio de un proceso especial sancionador en contra del diario El Universal, por no responder a los requerimientos de información del IFE relacionados con ese caso.

En la sesión también se dará a conocer que el organismo electoral aplicará medidas de austeridad y racionalidad en su gasto para ahorrar recursos. Esta determinación, según el IFE, implicará que no habrá aumentos salariales más allá de los ajustes inflacionarios impuestos a los trabajadores.