Los 12 principales vendedores estadunidenses de armas de fuego confiscadas en México por las autoridades operan legal y abiertamente en los estados fronterizos, con la mayoría de los proveedores establecidos en Texas, informó el Washington Post en un amplio reportaje.

Ocho de los 12 comercios que vendieron más armas de fuego –posteriormente recuperadas en crímenes cometidos en México– en los pasados dos años se ubican en Texas, las más activas en Houston, tres más en Arizona y una en California. El Post señala que hay 3 mil 800 comercios del ese ramo sólo en Texas, con 300 de éstos en Houston. Todos operan legalmente.

La investigación periodística de un año, realizada por el Post, logró descubrir las identidades de los 12 comercios que vendieron más armas recuperadas en México y rastreadas por las autoridades de ambos países.

Desde 2003, bajo presión de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones pro armas en Estados Unidos, el Congreso promulgó una ley que mantiene como confidenciales las identidades de los comerciantes de armas recuperadas por autoridades en crímenes.

El vendedor del mayor número de armas estadunidenses incautadas y rastreadas por las autoridades en los pasados dos años son las tiendas Carter Country, en Houston, con más de 115 armas de fuego vendidas ahí y recuperadas por la policía y los militares en México.

Las estadísticas

Según las estadísticas oficiales, más de 60 mil armas de fuego estadunidenses han sido recuperadas en territorio mexicano en los pasados cuatro años. Las autoridades estadunidenses han incrementado sus operaciones para detener el flujo de armas a México desde el suroeste del país, con el resultado de un incremento de arrestos de traficantes de armas. Pero el problema es que, por las leyes estadunidenses promovidas por la industria armamentista y la NRA, es muy difícil fiscalizar a los comercios del ramo. De hecho, las autoridades federales estadunidenses reconocen que la mayoría de estos vendedores operan dentro de la ley, o sea, sus ventas de armas son legales.

A la vez, estas organizaciones pro armas desestiman las cifras presentadas por ambos gobiernos –de que entre 80 y 90 por ciento de las armas confiscadas en México son vendidas en Estados Unidos– y declaran que son infladas. Bajo presión de estos grupos, la agencia federal encargada de aplicar las leyes sobre control de armas, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), ha suspendido la emisión de estas cifras.

“Sugerir que las leyes sobre armas de Estados Unidos son de alguna manera causantes de la violencia de los cárteles de droga mexicanos es una triste fantasía”, señaló al Post el director de asuntos legislativos de la NRA, Chris Cox.

Cox afirmó que las armas estadunidenses llegan a México desde Centroamérica y de ex soldados mexicanos que ahora trabajan con los cárteles.

Pero las autoridades estadunidenses y mexicanas afirman que ese flujo de armas proviene de Estados Unidos, sobre todo de la frontera, y que son un factor principal en el nivel de violencia en la lucha antinarcóticos en México.

“Siempre que sea más barato y mas fácil venir a Estados Unidos a comprarlas (las armas), ésa será la fuente a la que acuden (los narcos)”, declaró Dewey Webb, encargado de la oficina de la ATF en Houston.

Sin embargo, esfuerzos recientes para detener ese flujo han sido criticados por insuficientes. A pesar del Project Gunrunner, operación de la ATF lanzada en 2006, que ha realizado mil inspecciones en la región fronteriza y llevado a la incautación de más de 400 armas, sólo dos comerciantes de armas han perdido su licencia.

El eje de la operación es el rastreo de armas hasta los vendedores originales, pero ambos gobiernos se culpan del fracaso, hasta ahora, del esfuerzo. Mientras una evaluación de la operación por el Departamento de Justicia lo consideró no exitoso, el ATF se queja de que la mayoría de las armas confiscadas en México no son rastreadas porque las autoridades mexicanas no envían la información necesaria.

Por su lado, funcionarios mexicanos insisten en que envían la información, pero que no reciben mucho material útil a cambio. Un funcionario de la Procuraduría General de la República comentó al

Post que la cooperación en el rastreo es un especie de mala broma.

Aunque sí se han realizado varias investigaciones, los resultados han sido la detención de traficantes, o sea de los que compran y después transportan las armas a México.

Una investigación del ATF detectó que 23 traficantes habían adquirido más de 335 armas, incluyendo 251 rifles, de 10 comercios de armas, y que uno de los traficantes compró 14 AK 47 de un comerciante en un solo día.

Un problema es que según la ley federal, un comerciante que vende dos o más pistolas a la misma persona dentro de cinco días tiene que reportar esa venta al ATF, pero ventas múltiples de armas largas o rifles y escopetas, como los AK 47, no tienen que ser reportadas a la agencia federal.

A la vez, por las leyes estadunidenses sobre armas, el Post informa que es muy difícil fiscalizar a vendedores legales, y que varios intentos han sido frustrados al llegar ante tribunales por esta razón.

Además de las dos tiendas de Carter Country, la lista de los principales 12 vendedores de armas estadunidenses recuperadas y rastreadas en México son, por rango:

Lone Wolf Trading Co, de Glendale, Arizona.

Glick Twins, de Pharr, Texas.

J&G Sales. de Prescott, Arizona.

Dannys Pawn and Sporting Goods, de McAllen, Texas.

AcademySports and Outdoors, de McAllen.

Valley Guns, de Harlingen, Texas.

Bachman Pawn and Guns, de Dallas, Texas.

Collectors Firearms, de Houston.

Western Firearms, de Bell, California.

Sprague Sports, de Yuma, Arizona.

(Para ver el mapa y número de armas recuperadas vendidas en estas tiendas: www.washingtonpost.com/wp-srv/special/nation/guns/arming-mexicos-drug-cartels/?sid= ST2010121203267).