Ante el escaso tiempo disponible para resolver el rezago legislativo, los diputados federales aprobaron en una sola votación –de apenas dos minutos– más de 30 puntos de acuerdo, y en su afán de no dejar trabajo atrasado, decidieron aceptar dictámenes muy diversos.

Reformaron la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con objeto de redefinir el término militares que ahora se otorga a mujeres y hombres participantes en las fuerzas armadas, lo que les da nuevas modalidades de acceso a jerarquías superiores. También aprobaron modificar la Ley de Equilibrio Ecológico, con objeto de aplicar acciones colectivas contra decisiones de gobierno que afecten el medio ambiente.

Lorena Corona Valdés (PVEM) argumentó en favor de reivindicar la labor de las mujeres en el Ejército y la Fuerza Aérea. El dictamen es un ejemplo de institucionalizar la equidad de género, pues además de incidir en la construcción de una cultura de respeto, tolerancia y no discriminación, representa una acción encaminada hacia la igualdad de oportunidades en ambos sexos que el nuevo contexto nacional hace indispensable incorporar en nuestros ordenamientos jurídicos, para adecuarlos a las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas imperantes.

Se otorgarán oportunidades de ascenso y recompensa a todos los integrantes de esas instituciones –sin importar su género–, para lo que se tomará en cuenta la aprobación de cursos, tiempo de servicio prestado, antigüedad, buena conducta, aptitud profesional y capacidad física, y en el caso de las recom- pensas, que sean en función a su heroísmo, capacidad profesional, servicio a la patria y demás hechos meritorios.

Resulta necesario redefinir el término militares en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En este sentido, militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a dichas instituciones con un grado de escala jerárquica y que se sujetan a las obligaciones y derechos que para ellos establecen la Constitución, la presente ley y demás ordenamientos castrenses. Lo sustancial de esta modificación consiste en precisar y delimitar el ámbito jurídico-militar desde una perspectiva de género para superar actitudes discriminatorias y avanzar hacia una verdadera equidad en este rubro.

Más adelante se sometió a debate la modificación a las leyes General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Alejandro Carabias –también del PVEM– dio a conocer los argumentos para otorgar interés legítimo a las personas físicas y morales que, afectadas por alguna resolución administrativa o acto emitido por las autoridades ambientales, puedan acudir optativamente al recurso de revisión, o bien, a la justicia impartida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de interponer demanda de nulidad en contra de dichos actos de autoridad.

Sin duda, facilitará el acceso a la justicia ambiental a los ciudadanos que forman parte de las comunidades y que ante los autos de autoridad consideren afectados sus derechos a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. La iniciativa que nos ocupa constituye un mecanismo para la protección efectiva de los derechos e intereses de los habitantes, y en términos claros puede decirse que se constituye un mecanismo que permite la defensa, protección y representación jurídica de derechos o intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad en el tema del medio ambiente.