Para contener el clima de violencia que impera en el país, las autoridades han aplicado una estrategia de seguridad a toda costa, tolerando violaciones graves a los derechos humanos, como tortura, fabricación de culpables o detenciones arbitrarias, lo que ha atrapado a la ciudadanía entre dos fuegos: la brutalidad del crimen organizado y la de la policía.

Advirtió lo anterior José Luis Pérez Canchola, especialista en temas de migración, durante el seminario Evaluación de políticas de seguridad de Estados Unidos y México: impactos en derechos humanos, organizado ayer en El Colegio de la Frontera Norte.

En videoconferencia realizada desde la ciudad de Tijuana, Baja California, el ex asesor del gobierno capitalino y la Cámara de Diputados advirtió que en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, el gobierno está incurriendo en serias violaciones a los derechos humanos, supuestamente en aras de garantizar la seguridad pública.

Se tolera la fabricación de culpables, la tortura, el espionaje y el arraigo con delaciones anónimas, lo que ocurre con pleno conocimiento de las autoridades. En vez de investigar primero y detener después, aquí se ha hecho a la inversa, señaló.

Pérez Canchola advirtió que las irregularidades derivadas de las políticas de mano dura no pueden seguir ocurriendo, dada la larga historia de represión en México contra activistas y luchadores sociales, por lo que propuso derogar la figura del arraigo e impulsar una reforma integral de los organismos de derechos humanos para darles mayores facultades de investigación.

Tenemos una autoridad desfondada y una población atemorizada. Hay que terminar con estas estrategias de seguridad, porque cada vez es más difícil distinguir entre la brutalidad del crimen organizado y la del gobierno, dijo.

Jorge A. Bustamante, profesor e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, aseveró que el fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón quedó de manifiesto con el éxodo de los pobladores de diversas comunidades de Tamaulipas a causa de las amenazas y extorsiones del narcotráfico.

Es indudable que en varias regiones del país hay señales de un Estado fallido, como en los casos de Mier (Tamaulipas) o Apatzingán (Michoacán), donde el gobierno ha eludido su responsabilidad al decir que toda la violencia ha sido causada por el hampa, sostuvo.

Por su parte, el académico Rodolfo Cruz apuntó que otro de los elementos que están generando tensiones inéditas en diversas zonas del país, sobre todo en la región fronteriza con Estados Unidos, es la degradación paulatina de las condiciones económicas locales, cuya válvula de escape, por medio de la migración, cada vez es más difícil de utilizar.