En los pasado 60 días, el juez federal José Miguel Trujillo Salceda tramitó tres demandas de amparo contra cualquier orden de presentación y localización que emita la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra, según consta en registros judiciales consultados por La Jornada.

El temor del juzgador a ser arrestado obedece a una denuncia penal presentada en su contra por un subordinado del líder del sindicato minero, Napoleón, Gómez Urrutia, quien lo acusó de obstrucción de la justicia, debido a que no ha obligado a los hermanos Germán y Genaro Larrea, dueños de Grupo México, a presentarse a declarar.

Trujillo Salceda, juez primero de distrito, interpuso tres juicios de garantías ante el juzgado primero de distrito en amparo, contra cualquier mandato de presentación del Ministerio Público Federal, señalan las listas que publica el órgano de justicia.

Juan Linares Montúfar, presidente del consejo de vigilancia del sindicato minero, denunció ante la PGR a Trujillo Salceda, quien lo tiene procesado por violación a la Ley de Instituciones de Crédito, por la presunta disposición ilegal de 55 millones de dólares del gremio.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, abrió la averiguación previa UEIDCSPCAJ/CAJ/XXVII/ 168/2010, en la que aparece el juez Trujillo en calidad de indiciado.

Linares Montúfar argumenta en su denuncia que en las más de 10 ocasiones en que los hermanos Germán y Genaro Larrea incumplieron los citatorios para declarar como testigos en el proceso, el juez Trujillo sólo optó por multarlos y no ordenó los respectivos arrestos administrativos.