Transparencia Mexicana avaló la licitación 21 a pesar de tener conocimiento de que se presentaron diversos amparos contra la licitación y los actos posteriores, pero la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) nunca le entregó la información sobre esas inconformidades legales, como afirmó el propio testigo social en el informe difundido por el órgano regulador.

Grupo Salinas afirmó ayer que el informe de Transparencia Mexicana, que la Cofetel difundió el lunes pasado, fue modificado por presión del órgano regulador, para que excluyera un párrafo en el que advirtió que se produciría un quebranto de por lo menos 5 mil millones de pesos; destacó que existen por lo menos tres versiones del reporte ejecutivo de la licitación 21.

El diputado petista Mario di Costanzo señaló que la Cofetel compró legitimidad al contratar el servicio de Transparencia Mexicana porque ese testigo social avaló sin información suficiente o con la que no constató sobre un proceso de licitación que viola preceptos constitucionales. Criticó que el gobierno mexicano busque hacer legal la licitación 21 a pesar de todos los mandatos judiciales en su contra y que use el reporte de una organización integrada por gente que hizo válidos procesos gravosos para los mexicanos, como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Soslayan impugnaciones

Transparencia Mexicana dio por buena la licitación 21 por considerar que se realizó con apego a las bases de licitación, pero a pesar de saber que ese concurso tenía impugnaciones legales de las que la Cofetel no le informó a cabalidad. En el informe entregado al órgano regulador y difundido por él mismo el lunes pasado, el testigo social dijo que tuvo conocimiento de que fueron presentados diversos amparos en contra de la licitación y los actos posteriores. TM solicitó reiteradamente a la Cofetel el informe de la totalidad de los procesos y el estatus de cada uno de ellos a fin de reportarlos en este informe. Hasta el momento, Transparencia Mexicana no cuenta con la información solicitada.

Y en una nota a pie de página puntualizó que durante todo el proceso de la licitación Transparencia Mexicana dio seguimiento a las notas periodísticas relacionadas con estos procesos. Transparencia Mexicana identificó que el tema que principalmente se ha debatido en los medios es: la existencia de trato en igualdad de condiciones para los participantes de la licitación 21 y los amparos promovidos en contra de los procesos 20 y 21. Al respecto se observó que existen diferentes opiniones de los analistas.

Grupo Salinas sostuvo que la Cofetel presionó a Transparencia Mexicana para que modificara el informe ejecutivo, y dijo que por lo menos hay tres versiones del texto, una de los cuales, dijo, fue ubicado en la página de Internet del testigo y en el que destaca un párrafo que dice: Si se considera el monto que van a pagar los concesionarios al final de la licitación, la disparidad es considerable, ya que los operadores existentes están pagando por megahercios (Mhz) más de 10 veces lo que van a pagar los operadores nuevos. Desde este enfoque hubo analistas que afirman que habría daño al erario público, pues desde su punto de vista se está dejando de recaudar dinero por concepto de derechos.

Di Costanzo señaló que la postura de Transparencia Mexicana es contradictoria porque en una de sus recomendaciones a la Cofetel señaló que para próximas licitaciones debe asegurarse que haya más de un participante para cumplir con los artículos 28 y 134 de la Constitución, pero avaló un proceso que no los cumple, por lo que fue ampliamente criticado.

Especialistas, académicos consultores en telecomunicaciones y legisladores señalaron que la licitación 21 debía anularse porque es inconstitucional; se diseñó a modo para que sólo pudiera participar el grupo Televisa-Nextel y que al no tener competidores no hubiera puja en el concurso y pudieran ofrecer apenas un poco más del mínimo, 180 millones 300 mil pesos, con lo que se generó un daño patrimonial al propio Estado mexicano de 5 mil millones de pesos.

Di Costanzo aseguró que Transparencia Mexicana no es una carta de legitimidad cuando, según el propio informe, tampoco constató que las bases de licitación hayan sido firmadas por cuatro de los cinco comisionados debido a que uno no estaba conforme con el contenido; o que el fallo a favor de Televisa-Nextel haya sido tomado sólo por dos de los cinco comisionados.

Advirtió que no se debe dar por terminada la licitación 21 ni dar oportunidad a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) haga uso de estrategias legales para que Nextel pueda explotar el espectro, por lo que, aseguró, insistirá en llevar a juicio político al secretario Juan Molinar Horcasitas y al presidente de la Cofetel, Mony de Swaan.