a irrupción de los más pobres de Buenos Aires en el escenario urbano, por medio de tomas masivas de terrenos en reclamo de vivienda digna, estuvo al borde de generar una crisis política al desnudar los límites del actual modelo de acumulación. Finalmente, cuando la represión y el odio clasista se mostraron impotentes para contener lo que amenazaba convertirse en una oleada de ocupaciones, los gobiernos nacional y de la ciudad dejaron de lado su disputa prelectoral para firmar un acuerdo que no introduce soluciones de fondo pero establece una tensa tregua entre todos los actores.

El 7 de diciembre unas 200 familias de la Villa 20, uno de los barrios informales de Buenos Aires, ocuparon una parte del parque Indoamericano, uno de los mayores espacios verdes de la ciudad, con algo más de 100 hectáreas. En las horas siguientes la toma creció hasta superar las 5 mil personas, aunque el censo oficial posterior apunta 13 mil ocupantes, entre los que hay familias enteras con niños y ancianos. Esa misma noche las policías Federal y Metropolitana, la primera a cargo del gobierno nacional de Cristina Fernández y la segunda al mando del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri, intentaron desalojar a los ocupantes, asesinando a un joven paraguayo de 22 años y a una mujer boliviana de 28.

A partir de ese momento ambos gobiernos se culparon por los incidentes. Macri responsabilizó al gobierno nacional de fomentar la inmigración ilegal, en una intolerante actitud racista. Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos, dijo su portavoz. Vecinos de la ocupación, también pobres, atacaron a los ocupantes pidiendo que fueran expulsados a sus países. Que se vayan todos, volvió a escucharse casi una década después del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, con una dirección opuesta al reclamo original que pedía la expulsión de la clase política. A ellos se sumaron bandas armadas, dirigidas por el macrismo y el ex presidente Eduardo Duhalde, según el gobierno, que asesinaron a un tercer ocupante –sacado de una ambulancia y rematado en el suelo– el mismo Día de los Derechos Humanos.

El gobierno nacional, por su parte, no reconoció su responsabilidad en los crímenes del primer día ejecutados por la Policía Federal, y culpó al gobierno de Macri, tanto por sus dichos racistas como por la falta de políticas públicas de vivienda, en ambos casos con entera razón. Por detrás y por debajo de este trágico sainete palaciego, cuyo trasfondo son las elecciones presidenciales a celebrarse en apenas 10 meses, está la cruda realidad de los más pobres. Medio millón de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires a quienes Macri prometió terrenos y nunca cumplió. Por el contrario, el gobierno de la ciudad se jactó hace poco de haber desalojado 400 predios, muchos de ellos tomados en el entorno del levantamiento popular de 2001.

En los días siguientes se sucedieron diversas ocupaciones, una decena en la capital y un número aún desconocido en el área metropolitana y en ciudades del interior. Cuando la marea de la pobreza urbana amenazaba desbordarlos a todos, los enfrentadísimos gobiernos nacional y de la ciudad llegaron a un rápido acuerdo para construir viviendas. Con la advertencia de que todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte de un plan de vivienda ni de ningún plan social de ninguna característica, como descerrajó el jefe del gabinete del progresista gobierno nacional, cediendo al lenguaje de la derecha que critica.

Las organizaciones del campo popular presentes en la Villa 20 de Lugano, el Frente Popular Darío Santillén y la Corriente Clasista y Combativa, tomaron distancia del acuerdo, pero una asamblea de los miles de ocupantes decidió retornar a sus viviendas precarias y a sus camas de alquiler para esperar, con mucho escepticismo, que algún día algún gobierno cumpla sus promesas. Los referentes del asentamiento vienen peleando desde hace por lo menos cinco años por las tierras destinadas a viviendas, que hoy son un enorme cementerio de coches de la Policía Federal desbordado de ratas cerca de sus casas.

La derecha denuncia, como hizo el diario La Nación, la multiplicación de la población en las más de 20 villas de la capital. Sólo la Villa 31, en el céntrico barrio de Retiro, duplicó su población de 25 mil a 50 mil personas en 10 años. Los datos confirman un crecimiento exponencial: en 2006 había 819 villas entre la capital y el área metropolitana de Buenos Aires, con un millón de habitantes. Hoy serían ya 2 millones, mientras en la capital llegarían a 235 mil personas viviendo en villas, 7 por ciento de la ciudad. Un estudio de la Universidad de General Sarmiento estima que la población en villas crece 10 veces más rápido que la del país. “Un tsunami silencioso”, se queja el diario de la derecha.

Lo que no dice ni la derecha ni el gobierno, es que ese tsunami es consecuencia del modelo extractivista que unos y otros apoyan. El modelo de los monocultivos de soya (20 millones de hectáreas de las mejores tierras argentinas) y de la minería a cielo abierto está expulsando millones de argentinos, en general campesinos pobres, de sus tierras. Ese mismo modelo ha expulsado a los 2 millones de paraguayos y al millón de bolivianos que llegaron a Argentina en los últimos años, cuando ya no pudieron seguir viviendo en sus parcelas, quemadas por el glifosato o contaminadas sus aguas con mercurio.

En segundo lugar, las políticas sociales están empezando a mostrar limitaciones a la hora de contener la protesta de los de abajo, para lo que fueron creadas. Mientras no haya cambios estructurales, lo sucedido la segunda semana de diciembre en Argentina será apenas un tibio anticipo del fenomenal estallido social que está preparando un modelo de acumulación excluyente y depredador, que sólo se sostiene con el trabajo conjunto de los ministerios de Interior y Desarrollo Social.