La Habana, 19 de diciembre. El presidente Raúl Castro garantizó que esta vez no habrá retroceso en el impulso a la microempresa privada y el autoempleo, y exhortó a evitar estigmas y prejuicios contra ese sector, que ahora vuelve a crecer, al amparo de la reforma económica en curso.

En su discurso ante el parlamento el sábado, el mandatario razonó que, si ya hay una política que incluye esas formas de empleo privado, debe facilitarse su desempeño y no generar estigmas ni prejuicios hacia ellos y para eso es fundamental modificar la apreciación negativa existente en no pocos de nosotros hacia esta forma de trabajo privado.

El mensaje tiene largo alcance, pues el gobierno cubano ha mantenido durante décadas una política contradictoria en la materia, que ha provocado escepticismo en la población. Los pequeños negocios subsistieron tras el triunfo de la revolución de 1959, pero fueron eliminados casi por completo en un giro radical en 1968 –la ofensiva revolucionaria–, que pasó la operación económica al Estado, con excepción de un sector agrícola privado y una parte del transporte.

Desde 1986, merma de particulares

Entre finales de los años 70 y principios de los 80, los particulares volvieron a tener algo más de espacio en los servicios urbanos y se abrieron los mercados agrícolas de libre oferta y demanda, pero otro golpe de timón, esta vez contra errores y tendencias negativas, volvió a reducir ese sector a partir de 1986.

La crisis surgida tras el derrumbe soviético abrió las puertas, una vez más, al trabajo por cuenta propia (TCP), como una forma de reactivar la economía. Pero apenas se recuperó el crecimiento, desde finales de los 90 los privados volvieron a declinar con el congelamiento de nuevas licencias, la escasez de insumos legales, la dureza de las reglamentaciones y un discurso oficial de descalificaciones.

En 2004, dentro de una política que volvía a reforzar el control estatal, el gobierno canceló la expedición de licencias para 40 giros de TCP, impuso revisiones anuales a los que seguían operando y endureció la retórica. El entonces presidente Fidel Castro atacó con fuerza al sector, al que llamó los nuevos ricos.

En este último periodo, en su mejor momento, en 1995, los autoempleados o microempresarios llegaron a ser 210 mil y a finales del año pasado eran 143 mil. Pero bajo la nueva legislación, otros 46 mil 800 fueron autorizados a iniciar su negocio en los últimos dos meses, según informes oficiales.

La ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, estimó ante el parlamento que en unos cinco años se sumarán al sector privado un millón 800 mil personas, lo que sumado a los 189 mil TCP autorizados y a los más de 600 mil pequeños propietarios y cooperativistas agrícolas, formarían un conglomerado superior a dos millones y medio de trabajadores no estatales.

Aunque sólo es una proyección, es notable el espacio que se espera que ocupen los privados en el futuro inmediato de Cuba, si se toma en cuenta que la población económicamente activa en 2009 era de 5 millones 158 mil personas y está declinando.

El sábado en la tribuna, Castro defendió enérgicamente ese horizonte. Los clásicos del marxismo leninismo, dijo el presidente cubano, definieron que el Estado sería propietario de los medios básicos de producción. Nosotros absolutizamos ese principio y pasamos a propiedad estatal casi toda la actividad económica del país. Los pasos que hemos dado y daremos en la ampliación y flexibilización del trabajo por cuenta propia, son el fruto de profundas meditaciones y análisis y podemos asegurar que esta vez no habrá retroceso.

Castro defendió la construcción de un modelo económico propio. Es una lección histórica que hemos aprendido muy bien, añadió, evocando la época en la que se trasplantaron a la isla fórmulas soviéticas. No pensamos volver a copiar de nadie, bastantes problemas nos trajo hacerlo y además copiamos mal; aunque no ignoramos las experiencias de otros y aprendemos de ellas, incluyendo las positivas de los capitalistas.

Reconoció que aún son insuficientes los estímulos al campo, para eliminar las trabas existentes para potenciar las fuerzas productivas, por lo que anunció una ampliación del área de tierras ociosas que se puede entregar en usufructo a los particulares y que ahora tiene un límite máximo de 13.42 hectáreas por solicitante sin parcela. Los ya propietarios pueden aumentar hasta las 40.26 hectáreas.

Sin embargo, Castro ratificó que la forma de posesión seguirá siendo en usufructo, no en propiedad, y el terreno puede revertirse en favor del Estado en cualquier momento, con una indemnización.