Tres días después de que fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el gobierno capitalino publicó ayer el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el cual normará los comicios locales de 2012.

Con su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, dicho documento tiene plena vigencia y validez legal.

Uno de los puntos que incluye ese ordenamiento, que generó polémica entre los diputados locales, fue el endurecimiento de los requisitos para la creación en la ciudad de México de nuevos partidos políticos.

De acuerdo con lo aprobado, la asociación política local (APL) que pretenda conformarse en partido político deberá contar con 2 por ciento de capitalinos inscritos en el padrón electoral local. Antes de esa reforma fijaba 0.5 por ciento.

También se establece una nueva redistritación y se adecua la composición del Instituto Electoral del Distrito Federal, entre otras acciones.

En otro orden, los integrantes de las comisiones de Asuntos Político Electorales y de Administración y Procuración de Justicia acordaron ayer la ruta crítica que se seguirá en la elección de la nueva magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Según lo acordado anoche, el próximo 3 de enero se publicará la convocatoria para designar a quien ocupará dicho cargo; un día después se notificará a las candidatas interesadas y las comparecencias se efectuarán el 10 de ese mismo mes. Tres días después concluirá el proceso con la elección de la magistrada y la toma de protesta ante la Diputación Permanente, que tiene ya facultades para ello.

El dictamen, que deroga el actual Código Electoral, aprueba el voto de los capitalinos que viven en el extranjero para la elección de jefe de Gobierno. Para ello, se celebrarán convenios con autoridades federales, instituciones académicas, así como organizaciones civiles para la promoción del voto.

Asimismo, impide la utilización de colores partidistas en la propaganda y comunicación social de los entes públicos del Distrito Federal y prohíbe programas sociales emergentes en época electoral.

Al clarificar las facultades y responsabilidades de la autoridad electoral en esta materia, se armoniza con la nueva Ley de Participación Ciudadana. Además fortalece las facultades de fiscalización y restructura el Instituto Electoral del Distrito Federal, al crear la Comisión y Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.