La Asamblea Legislativa atajó la pretensión del gobierno del Distrito Federal de tener el control absoluto de las aportaciones federales, pues de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente estará obligado a pedir autorización al recinto legislativo, cuando requiera otorgar en garantía los recursos para la ejecución de cualquier obra que implique la intervención del sector privado.

Como una excepción a esta disposición, los asambleístas autorizaron, por única vez, que la secretaría de Finanzas embargue hasta el 40 por ciento de los remanentes del Fideicomiso Maestro –en el que se depositan las aportaciones federales–, para el arrendamiento a la iniciativa privada de un lote de 30 trenes que se utilizarán para la línea 12 del Metro.

Esta autorización fue a condición de que a más tardar el 31 de enero próximo, el gobierno capitalino presente a la Asamblea información en la que defina el compromiso de pago que contrae, el monto a pagar, fuente de garantía , calendario y mecanismos de pago, según se establece en el artículo quinto transitorio de la citada ley.

En lo sucesivo, según el artículo sexto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, el titular del Ejecutivo local tendrá que hacer primero este procedimiento, y después la Asamblea, dentro de un plazo de 30 días, contados a partir de la presentación de la solicitud, deberá emitir el dictamen correspondiente.

Para otorgar la autorización se requerirá contar con una mayoría simple de los votos de los legisladores presentes en la sesión.

También se puntualiza que no se reconocerán compromisos adquiridos sin la autorización de la Asamblea, y obligan a la Secretaría de Finanzas a llevar un Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten los ingresos del Distrito Federal.

La dependencia capitalina estará obligada, además, a informar trimestralmente a la Asamblea Legislativa de la cartera y evolución de los compromisos y garantías autorizados, con los cuales se hayan afectado los ingresos del Distrito Federal.

En la propuesta enviada a la Asamblea Legislativa, el Gobierno del Distrito Federal había planteado que se le otorgara el control total, a corto y largo plazos, del uso y destino de las aportaciones federales, concentradas en un fideicomiso maestro, para otorgarlas en garantía por los compromisos contraídos a través de los proyectos de coinversión, con capital mixto.

Además del arrendamiento de trenes a la iniciativa privada para la operación de la línea 12 del Metro, también están en puerta los convenios para la construcción de la llamada supervía sur-poniente y nuevos reclusorios, entre otros proyectos de coinversión, que requerirán de la autorización del órgano legislativo.