Los 10 años de gobiernos federales panistas han significado para México un retroceso en materia de derechos humanos, no sólo por los más de 30 mil muertos en la guerra contra el narcotráfico, sino también por la indolencia oficial en temas como los feminicidios y las desapariciones forzadas, además de la falta de investigación de los crímenes del pasado, coincidieron defensores de esos derechos.

Destacaron que la estrategia de las autoridades ha consistido más en aparentar hacia el exterior que el tema les preocupa que en instrumentar políticas efectivas para respetar verdaderamente las garantías de los ciudadanos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló que Vicente Fox se encontró al llegar a la Presidencia con múltiples cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales en este terreno, como el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

El mandatario panista ofreció algunos signos de distensión y reconoció que había serios problemas, pero a partir de 2004 el tema dejó de estar en primer plano y empezaron acciones de corte represivo del foxismo, como las ocurridas en Oaxaca, San Salvador Atenco (estado de México) y Lázaro Cárdenas (Michoacán).

Dada su estrategia de confrontación directa con la delincuencia organizada, con Felipe Calderón los derechos humanos han quedado fuera de la discusión. En su política de seguridad, basada en el uso de las fuerzas armadas, cree que los derechos humanos son un obstáculo que tiene que evitar. Es una década que empezamos con buenos augurios y terminamos con un franco retroceso, lamentó.

La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Agnieszka Raczynska, señaló que tomando como referencia la evaluación hecha en marzo de 2010 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que contempló los últimos 10 años en esta materia, los resultados no son esperanzadores.

“En la red hemos recalcado los nulos avances en el tema de los feminicidios, ya que a pesar de la creación de comisiones, institutos y leyes, el Estado no logra frenar las muertes (de mujeres), y lo que más nos preocupa es que ahora se han extendido a lo largo de todo el país”, advirtió.

Además de las agresiones contra mujeres, los gobiernos panistas han significado un retroceso en cuanto a las legislaciones antiabortistas en varios estados, la militarización de la seguridad pública –con los consecuentes abusos de soldados contra civiles–, las desapariciones forzadas y la no resolución de los crímenes de la guerra sucia, expresó.

Frente a ese panorama, debemos continuar documentando las violaciones a los derechos humanos. Tenemos la obligación con la sociedad de seguir aportando a la memoria y fortalecernos entre nosotros, además de generar propuestas y alternativas, aseveró.