Ante el incremento de agresiones y violencia contra activistas sociales, como el reciente asesinato de Marisela Escobedo, es urgente aprobar la reforma al apartado B del artículo 102 constitucional, propuesta por el PRD, a fin de garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos, expuso el senador Rubén Velázquez.

La meta es incorporar en la Carta Magna la protección a toda persona que en lo individual o de forma colectiva promueva y procure la protección de los derechos humanos, a fin de romper con la situación actual en que los activistas sociales están en un contexto de indefensión y desprotección, recalcó el perredista.

Explicó que la iniciativa surgió de la bancada del PRD luego de una serie de agresiones contra defensores de las garantías fundamentales en México. De acuerdo con reportes de Amnistía Internacional (AI), de 2007 a 2009 seis activistas fueron asesinados y nueve más amenazados y perseguidos.

La propuesta perredista establece que la Federación, estados, Distrito Federal y municipios deben garantizar que los defensores de derechos humanos y sus organizaciones realicen su trabajo en un ambiente libre, transparente y abierto.

El legislador resaltó que las aportaciones de los defensores de los derechos humanos son de gran valor para el fortalecimiento de la democracia, ya que en su encomienda de proteger a las víctimas luchan contra la impunidad y la corrupción, dan voz a los que no la tienen o fueron callados, generan espacios de diálogo y obligan a las autoridades a la rendición de cuentas.

Por ello, consideró, el Estado mexicano está obligado a garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que los defensores de los derechos no tengan obstáculos o impedimentos para realizar su labor y llevar esa protección a la Carta Magna.

Mencionó que en el informe más reciente de AI, titulado Exigiendo justicia y dignidad, defensores y defensoras de los derechos humanos en México, de 2007 a 2009 destacan más de 15 casos serios de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, de los cuales, seis fueron asesinatos y los demás encarcelamientos injustos, presos de conciencia y detenciones arbitrarias por las autoridades.

En el informe, recalcó el senador Velázquez, se señala que las entidades con mayor incidencia de ataques contra defensores de derechos humanos son Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco.