casi dos semanas del presunto secuestro de una cincuentena de migrantes centroamericanos en Chahuites, Oaxaca, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, dijo que las autoridades aún no tienen avances en la investigación sobre los hechos, y señaló que la dependencia a su cargo ha documentado 222 casos de migrantes secuestrados en 2010. Esto dichos coincidieron con el anuncio formulado por el gobierno de Honduras, del envío de una misión diplomática, encabezada por el vicecanciller de ese país, para reunirse con cinco hondureños que lograron escapar del secuestro referido.

En primer lugar, son de llamar la atención las marcadas inconsistencias entre las cifras oficiales sobre los secuestros de migrantes en el país: en agosto pasado, la Secretaría de Gobernación informó que de enero de 2008 a abril de 2010 habían ocurrido 141 casos de plagio de migrantes; ayer, el INM –dependiente de Gobernación– elevó esa cifra a 222 tan sólo en lo que va del año, pero ninguna de las dos cifras guarda relación con los más de 20 mil plagios de indocumentados que, a decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ocurren al año en territorio nacional. Las fluctuaciones y la ligereza en el manejo de estos datos denotan una falta de interés por garantizar el cumplimiento de los derechos de los extranjeros que transitan por el país sin los documentos, pero esa omisión no es lo más grave: a ello se suman los abusos cometidos por las autoridades mismas y los casos de complicidad entre funcionarios públicos y bandas dedicadas al tráfico de personas.

Por añadidura, las declaraciones del titular del INM se inscriben en el contexto de un desempeño desastroso de las autoridades del país ante el episodio ocurrido en Chahuites el pasado 16 de diciembre. Debe recordarse que el plagio masivo de migrantes de distintas nacionalidades fue denunciado inicialmente por la cancillería salvadoreña, en un comunicado en el que pidió al gobierno mexicano que investigue estos hechos para dar lo antes posible con el paradero de las personas que fueron secuestradas y deducir responsabilidades que impidan que este tipo de delitos se repitan. En respuesta, el propio INM desmintió al gobierno de El Salvador y señaló que no existe evidencia de los hechos; días después, ese instituto tuvo que cambiar su posición, tras la comparecencia de 13 indocumentados que escaparon a los secuestradores, 12 de los cuales afirmaron ser testigos presenciales de los hechos. La lentitud con la que el gobierno calderonista reaccionó ante las denuncias, contrasta con la prontitud con que rechazó el reclamo de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, los cuales pidieron esclarecer los hechos y cuestionaron la política de las autoridades de nuestro país para proteger a los migrantes.

El desempeño errático de las autoridades ante el plagio de migrantes no sólo tiene consecuencias negativas en el plano de la política exterior, como es evidente con los cada vez más enérgicos reclamos de los gobiernos centroamericanos: es, ante todo, un indicador del deterioro de las facultades gubernamentales en distintos ámbitos, entre los que se cuentan el control migratorio y el de la seguridad pública. Tal circunstancia ha llevado a un escenario de ruptura de la legalidad, en el cual los extranjeros que carecen de documentos migratorios constituyen uno de los sectores más desamparados y vulnerables, y en el que se amplía el margen de maniobra para la proliferación de los ataques en su contra: por no ir más lejos, antier mismo se confirmó el plagio de otros cinco migrantes centroamericanos y el asesinato de uno más, ocurridos el 21 de diciembre en Ixtepec, Oaxaca.

Ante este panorama, es exigible que las autoridades del país dejen de minimizar el problema y de desacreditar en automático las denuncias de terceros países, y empeñen los recursos a su alcance para esclarecer estos casos y cumplir con su responsabilidad básica de garantizar la integridad física de las personas –independientemente de su estatus migratorio– en el territorio nacional. De lo contrario, a la par del quebranto generalizado del estado de derecho en el país, se profundizará la posición de descrédito y vergüenza del gobierno mexicano frente al mundo.