En 2010, una vez más la realidad social y económica de México se impuso al discurso de recuperación difundido por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

En los últimos 12 meses, la pobreza se profundizó y los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos se redujeron. El aumento en precios de productos y servicios de consumo generalizado afectó aún más el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por ejemplo, el valor de la gasolina y el diesel se incrementan cada mes desde 2009, lo que continuará en 2011, mientras el precio de la harina de trigo ha aumentado alrededor de 40 por ciento.

De julio de 2009 al mismo mes de 2010, el transporte subió 7.8 por ciento y los alimentos y bebidas 15 por ciento, lo cual impacta a más de la mitad de la población en edad de trabajar que tiene un ingreso de entre uno y tres salarios mínimos y gasta la mitad de sus percepciones en alimentación y 13 por ciento en transporte.

De 2000 a 2009, productos de la canasta básica como el azúcar y el frijol tuvieron aumentos de 169 y 142 por ciento, respectivamente, mientras los salarios apenas se incrementaron 51.4 por ciento en igual periodo, según cifras del Banco de México, el Inegi y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Es claro que la política económica de México está orientada a la búsqueda de un crecimiento hacia fuera, advierten Reyna Vergara y Miguel Ángel Díaz, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

El pasado sábado 18, los representantes de organismos empresariales y de centrales obreras, así como los funcionarios que ocupan lugares en el consejo de la Conasami, aprobaron un aumento de 4.1 por ciento a este sueldo base; esto es, dos pesos con 30 centavos.

A partir del primero de enero, el salario mínimo será de mil 794 pesos al mes (unos 138 dólares) para la zona A, considerada de vida cara, y de mil 702 para la zona C.

Análisis elaborados por instancias públicas y privadas, con base en cifras oficiales, confirman el deterioro del nivel de vida de millones de mexicanos y la precaria generación de empleos mal remunerados, eventuales y sin prestaciones sociales.

Aunque en 2010 la cifra de nuevas plazas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ubica en cerca de 960 mil, aún no se restituyen las perdidas en el bienio 2008-2009 y, mucho menos, el rezago histórico de ocupación. Además, la recuperación es más lenta en las entidades del sur, con menor o ínfima actividad de exportación a Estados Unidos.

Queda en evidencia que la mayoría de las nuevas plazas son principalmente eventuales, señalaron los investigadores Leobardo de Jesús y Yolanda Carbajal, también de la Facultad de Economía de la UAEM.

Un reporte del Inegi emitido en enero pasado precisó que casi 60 por ciento de la población en edad de trabajar (25.7 millones de mexicanos) laboraba en la economía informal. Meses después, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) informó que de septiembre de 2009 al mismo mes de 2010 el número de mexicanos sin seguridad social pasó de 28.2 a 28.4 millones.

Este año cierra con una tasa de desocupación cercana a 5.2 por ciento de la población económicamente activa (equivalente a 2.5 millones de mexicanos).

Sin embargo, si se aplica la medición utilizada por la Organización Internacional del Trabajo, que incorpora a las personas que se encuentran en edad y condición de laborar, pero desisten de buscar un puesto ante la falta de oportunidades, el nivel se eleva a cerca de 17 por ciento; es decir, alrededor de 8 millones de personas.

En el último cuatrienio, correspondiente al sexenio de Calderón, la población desempleada se disparó 65 por ciento, al pasar de 1.6 a 2.6 millones (La Jornada, 26 de diciembre de 2010).

Uno de los sectores más desprotegidos es el juvenil, con 7 millones de personas que ni estudian ni trabajan (denominados ninis), según el universo documentado por la UNAM.

En cambio, para las estadísticas promovidas por el gobierno federal (la ENOE), sólo 1.4 por ciento de los jóvenes se encuentra en esa situación, mientras 17.1 por ciento tampoco trabaja ni estudia, pero está clasificado como población en trabajo doméstico.

Respecto a la pobreza, en el país hay al menos 50 millones de personas en esa condición, de las cuales 19 millones sufren pobreza alimentaria (sus ingresos son insuficientes para comprar comida), aunque algunos académicos refutan la metodología oficial y afirman que este indicador en realidad se ubica en 23 millones y el año entrante llegará a 25.5 millones, en un contexto de mercado interno deprimido.

En tanto, la política laboral de Calderón se mantuvo inamovible frente a las exigencias de mineros y electricistas, conflictos en los que se ha utilizado la fuerza pública para tratar de diluirlos.

Un botón de muestra son los desalojos de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, consumados por fuerzas policiales en junio pasado, casos en los que hasta ahora los trabajadores siguen exigiendo justicia.

Catorce meses después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sigue en resistencia, pese a las ofertas a los trabajadores para que acepten su liquidación. De 44 mil, continúan en lucha más de 16 mil.

En el transcurso de este año, los electricistas encabezados por Martín Esparza abrieron diversos caminos para tratar de revertir la decisión presidencial del 11 de octubre de 2009.

La acción con mayor difusión –por su carácter inusual– fue la huelga de hambre colectiva en el Zócalo, con la participación de casi un centenar de electricistas que mantuvieron esta protesta por más de 90 días.

El 5 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad del decreto presidencial de extinción de LFC. Los ministros no se pronunciaron en el ámbito laboral, por lo que dejaron abierta la puerta para la promoción de demandas por reinstalación.

El movimiento de resistencia del SME sigue en pie y, apenas hace 15 días, luego de una larga negociación política en la Secretaría de Gobernación y de la reposición del proceso electoral en este gremio, se otorgó la toma de nota a Esparza como secretario general y a parte de su comité central.

Se gestiona además con las fuerzas políticas representadas en el Congreso la creación de una empresa que haga posible la reinstalación de los más de 16 mil trabajadores en resistencia.

Mientras, el gobierno sigue invirtiendo miles de millones de pesos (la cantidad exacta aún se desconoce) en contratar a particulares para suplir a los electricistas despedidos, en un proceso en el que son constantes los apagones en la zona central del país.

Aunque funcionarios niegan que exista una política hostil hacia los movimientos sociales y sindicales, lo cierto es que este año la movilización callejera fue la única opción para miles de trabajadores.

Así ocurrió con la mayoría de los empleados de Mexicana de Aviación, luego de que los problemas financieros orillaron a la aerolínea a suspender operaciones en agosto pasado. En noviembre confirmó el interés de nuevos inversionistas para relanzar la empresa, sólo que el plan de negocios, avalado por el gobierno, incluye el despido de más de 70 por ciento del personal. Los pocos que logren ser recontratados tendrán salarios y prestaciones precarios.

En lo social, el Ejecutivo promovió, sin éxito, litigios para revertir leyes que durante mucho tiempo promovieron sectores de la población, como la unión legal entre personas del mismo sexo. En tanto, organismos internacionales señalaron al Estado mexicano como responsable de violaciones a los derechos humanos.