La fracción del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) encontró en las denuncias ante instancias judiciales y administrativas de esta ciudad otra forma de ventilar sus confrontaciones políticas con el PRD, su gobierno y sus diputados.

En 2010, 13 de los 15 diputados que forman parte de ese grupo parlamentario acudieron ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia capitalina, a las contralorías, a la Comisión de Derechos Humanos local, e incluso ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para querellarse por diversos asuntos que explotaron mediáticamente.

Entre estos se encuentran temas de transparencia, presuntos actos de corrupción de ex funcionarios de la delegación Cuajimalpa, el asunto del mueblegate, omisiones de autoridades locales en el caso del Bar-Bar, hasta el hecho de que el mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, no ha publicado los reglamentos de 36 leyes emitidas por la ALDF.

De las 11 quejas que formalizaron los panistas ante las citadas dependencias u órganos autónomos, Lía Limón monopolizó 65 por ciento de ellas, con siete en total; le siguió Mauricio Tabe, con cuatro; Rafael Calderón, con tres, y Mariana Gómez del Campo y Rafael Medina, con dos.

En esta lógica de judicializar la política, la dirigencia capitalina del PRD presentará hoy una queja en la Contraloría General del DF contra los delegados panistas de Benito Juárez y Cuajimalpa, Mario Alberto Palacios y Carlos Orvañanos, respectivamente, para que determine su responsabilidad por el uso de vehículos oficiales en el traslado de personas a un acto proselitista del diputado federal Roberto Gil, como candidato a la presidencia nacional de su partido, el uno de diciembre. Esa queja complementa la denuncia que el presidente del PRD-DF, Manuel Oropeza, presentó en la PGJDF por estos mismos hechos.