Elvira Arellano, integrante de la organización Familias Unidas sin Fronteras, sufrió ayer en la comunidad de Arriaga, Chiapas, un intento de arresto por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes pretendieron detenerla por tener aspecto de migrante indocumentada. En entrevista telefónica, la activista explicó que ella y su hijo Saúl, además de Eduardo García, representante de Amnistía Internacional en Puebla, y una mujer identificada sólo con el nombre de Anita, llegaron a Arriaga como avanzada de la movilización Paso a paso hacia la paz, a realizarse el viernes con destino a Chahuites, Oaxaca. Luego de comprar materiales para la logística de la caravana –en la cual también participará el sacerdote Alejandro Solalinde–, los cuatro se dirigieron hacia las vías del tren, donde fueron interceptados por una camioneta del Grupo Beta, del INM. Como traíamos una mochilita cargando atrás, para ellos éramos sospechosos. Nos dijeron que nos paráramos, nos preguntaron de dónde éramos y nos pidieron una identificación, pero yo les dije que no tenían por qué detenernos, contó Arellano, quien impidió que una agente interrogara a su hijo. Tras un breve intercambio de palabras, en el que la activista les reclamó a los oficiales que en vez de detener migrantes lucharan contra los criminales que los secuestran, los cuatro fueron dejados en libertad. No hubo maltrato, pero sí un intento de intimidación. Estamos tratando de organizar la logística para el acto del viernes, preguntar el horario del tren e invitar al alcalde de Arriaga. Ya no hubo ningún problema después, pero andamos muy cautelosos, señaló. Posteriormente, Arellano y sus acompañantes fueron seguidos y señalados por hombres que viajaban en dos automóviles, que en opinión de Eduardo García podrían ser miembros de la delincuencia organizada. Lo que queremos pedirle a los tres niveles de gobierno es que sus compromisos no sólo se queden en palabras, sino en trabajo para hacer que se respeten los derechos humanos de los migrantes, dijo.