Cuando de traficar drogas se trata, se puede afirmar, con cierta ironía, necesaria por la gravedad de la afirmación, que la delincuencia organizada tiene perspectiva de género y la monopoliza a su gusto e interés, concluyó la investigadora Corina Giacomello en un análisis sobre la relación entre mujeres y delitos contra la salud.

Afirmó que las mujeres suelen participar en esos delitos en cumplimiento de papeles tradicionales (madre y esposa) o por condiciones excepcionales (son madres solteras).

Los grupos criminales saben aprovechar los intersticios culturales y los vacíos sociales y canalizarlos en su favor. Reclutan a las mujeres más vulnerables en sentido económico, pero también en cuanto a escasez de capital social y a facilidad, o experiencia, para convertirse en cuerpos-objeto.

Por el contrario, explica, por el lado del combate pareciera existir una brecha social y de género entre las causantes sociales que subyacen al involucramiento, así como la proliferación de ciertos delitos y la legislación e implementación de su castigo.

Desde los años 90 del siglo anterior se ha incrementado el número de ilícitos cometidos por mujeres, quienes se han ido incorporando al crimen organizado, involucrándose de manera creciente en los delitos contra la salud.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal citados en el estudio muestran un aumento de la población femenil en reclusión de 192 por ciento entre 1996 y 2010.

El trabajo, presentado en el coloquio Reflexiones por una Comunicación Libre de Violencia, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en noviembre pasado, tiene su base en cinco años de investigación en prisiones y en la consulta bibliográfica y de datos estadísticos.

De acuerdo con el Inmujeres, 60 por ciento de las internas están acusadas de delitos contra la salud, y de éstas, 60 por ciento fue encontrada responsable de transportar drogas y quererlas introducir en penales.

“La mayoría de las mujeres que engruesan las filas de la mano de obra del narcotráfico fungen principalmente como vendedoras al menudeo, transportistas nacionales o internacionales (conocidas como mulas, quienes transportan droga en maletas, adheridas al cuerpo o ingeridas en forma de cápsulas) e introductoras a centros de reclusión (denominadas aguacateras en el argot policial).”

Víctimas de abuso sexual, 50%

Sobre las características generales de la población penitenciaria femenil, Giacomello detalla que son predominantemente jóvenes de entre 18 y 35 años, procedentes de niveles socioeconómicos bajos o muy bajos, y de hogares violentos y desintegrados, cuyos miembros tienen en 30 por ciento de los casos antecedentes penales.

La mitad de las internas sufrió abuso sexual, 40 por ciento han vivido parte de sus vidas en la calle y 96 por ciento son madres.