os asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en las dos décadas pasadas fueron uno de los anticipos más claros de la ola de violencia delictiva que México padece en la actualidad y que afecta a hombres y mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales y de una buena parte del territorio nacional. En efecto, desde mediados de los años 90 del siglo pasado, en esa localidad fronteriza se configuró un patrón de homicidios cuyas víctimas eran mujeres –jóvenes en su gran mayoría, por lo general de clase baja y en situación de desprotección social– y muchas de ellas empleadas en las industrias maquiladoras instaladas en la ciudad; se trataba de crímenes particularmente crueles y violentos, con indicios inequívocos de violencia de género, como mutilaciones y rastros de violación.

El fenómeno suscitó un clamor social local, primero, nacional, y luego internacional, en demanda de justicia y de prevención. Las autoridades de todos los niveles respondieron con negaciones de la realidad, minimizaron los hechos, inventaron culpables y desvirtuaron, en forma sistemática, las averiguaciones. En tales reacciones injustificables tuvo un papel destacado el entonces procurador de Chihuahua, y actual procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

De entonces a la fecha, los feminicidios se han vuelto una atrocidad frecuente en otras entidades, particularmente en el estado de México, y son, hoy, una expresión agravante del auge delictivo que devasta al país, pero las dependencias encargadas de procurar justicia y de garantizar la seguridad de la población no han sido capaces ya no digamos de detener, sino incluso de reducir, el índice de homicidios caracterizados por la violencia de género. Para colmo, nuevas formas de violencia, como los cruentos y espectaculares combates en gran escala entre bandas de maleantes o entre éstas y las fuerzas del orden, han hecho que se reduzca la atención social hacia los feminicidios.

Un hecho particularmente exasperante fue el veto de los gobiernos estatales priístas, en el seno del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a investigar los asesinatos de mujeres en el estado de México, en lo que fue interpretado como un acto de protección a los intereses electorales del tricolor en esa entidad y a las aspiraciones presidenciales del aún gobernador Enrique Peña Nieto.

Por lo que hace a Ciudad Juárez, resulta desoladora la continuidad en los asesinatos de mujeres, manifestada por los homicidios de dos activistas contra ese fenómeno: Marisela Escobedo, a finales de diciembre pasado, y Susana Chávez, hace unos días.

En correspondencia con la irresponsabilidad oficial ante los feminicidios, crece la indignación social y la exigencia de poner un alto a esta vertiente de la barbarie en la que se debate el país. Por ética elemental, por básico sentido humanitario y hasta por motivo de supervivencia, la ciudadanía consciente tiene ante sí el deber de hacer suya la consigna atribuida a Susana Chávez: Ni una muerta más, y actuar en consecuencia para exigir un alto a los homicidios de mujeres y a sus secuelas de impunidad.