Ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, en la delegación Tláhuac, obtuvieron tres amparos de la justicia federal en contra de la expropiación de igual número de parcelas donde se construye la línea 12 del Metro.

Ante la negativa de los propietarios a vender sus tierras, el Gobierno del Distrito Federal optó por la expropiación, cuyo decreto emitió el pasado 10 de diciembre, por lo cual los campesinos recurrieron a la justicia federal. No se puede expropiar una tierra que ya se tiene en posesión, explicó Gabriel Reyes, representante ejidal, quien detalló los argumentos que antepusieron al presentar el recurso.

Añadió que la utilidad pública que argumentó el gobierno de la capital no se pudo comprobar, porque las parcelas que serían utilizadas para la construcción de talleres y estaciones, porque los terrenos, que se ubican a 500 metros de esas tierras, ya están construidos.

De seis recursos que interpusieron el mes pasado les fueron otorgados tres. El primero por el juez decimocuarto de distrito en materia administrativa, quien otorgó el amparo a Sofía Anselma Leyte bajo el expediente 1636/2010, por el despojo de sus tierras, por lo cual el gobierno está obligado devolvérselas.

A Roberto Torres Leyte fue el juzgado segundo de distrito el que otorgó la suspensión, bajo el expediente JA-1885/2010. En tanto que a Eduarda Jiménez, fue también el juez decimocuarto quien le concedió el amparo. En estos dos casos el fallo les fue otorgado contra la expropiación.

En todos los casos se determinó que las cosas deben guardar el estado como se encontraban, por lo cual las autoridades debieron parar los trabajos al momento de la notificación del mandamiento judicial.

Sin embargo, Gabriel Reyes señaló que, pese a las notificaciones, los trabajos de la llamada Línea Dorada o del Bicentenario no se interrumpieron. Fue hasta el pasado jueves 13 de enero, a raíz de una inspección judicial que hizo el actuario del juzgado para reconocer la zona, que las autoridades suspendieron los trabajos.

Los ejidatarios recordaron que las parcelas, de 2 mil 500 metros, en promedio, fueron tomadas por la fuerza por el gobierno de la ciudad. El ofrecimiento de pagar 600 pesos por metro cuadrado resulta injusto, aunque añadieron que no se oponen a la construcción del Metro, pero demandan un acuerdo justo.

Manifestaron que pese a que sólo se tenía previsto ocupar la zona como servidumbre legal de paso, el GDF se apoderó de una extensión mayor, la cual estaba dedicada a la siembra, y aún intentan recuperar.