l titular de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Saynez Mendoza, ratificó ayer el rechazo de la dependencia a su cargo de dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La instancia encargada de defender las garantías individuales informó el pasado domingo que la Semar se había negado a aceptar los exhortos 72/2010 y 83/2010, emitidos en diciembre de 2010 sobre episodios en los que personal de esa dependencia incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública, al disparar sus armas contra civiles, quienes perdieron la vida.

Sobre estos asertos, el titular de Marina dijo: reconocemos los errores cuando se cometen, pero afirmó que sancionar a los efectivos castrenses responsables de esas agresiones –como planteaba la CNDH en su recomendación– pondría en riesgo la seguridad de los elementos que participan en los operativos contra el narcotráfico, y mencionó el ejemplo del asesinato del infante Melquisedet Angulo, muerto durante las acciones de captura de Arturo Beltrán Leyva y cuya familia fue ultimada posteriormente por presuntos delincuentes.

Semejantes declaraciones constituyen un elemento adicional de temor, incertidumbre y zozobra para la población del país, de por sí inerme frente a la violencia exacerbada que protagonizan las organizaciones criminales y la fuerza pública. Ciertamente, en esa circunstancia se ha configurado un círculo vicioso en que las bandas de maleantes suelen tomar represalias por las acciones del gobierno, lo cual termina, al fin de cuentas, alimentando el baño de sangre. Sin embargo, escudarse en esa situación para preservar impunidad por los atropellos policiales o militares cometidos contra la población, desvirtúa el empeño declarado del gobierno federal por hacer valer la ley; multiplica los agravios sufridos por las víctimas, y lejos de proteger a las instituciones castrenses y de seguridad pública y a sus integrantes, las pone en una perspectiva de riesgo: en el caso de las primeras, el peligro consiste en convertir el respeto y la confianza que históricamente les ha dispensado la población en temor y repudio.

Pero lo más grave de posturas como la del titular de la Semar, es que se niega la justicia a los inocentes caídos en el contexto de una política de seguridad pública a todas luces equivocada y fallida. Paradójicamente, el principal resultado de esa estrategia ha sido no el restablecimiento del estado de derecho, sino la ruptura generalizada del mismo por todos los bandos involucrados, con una diferencia sustancial: por naturaleza propia de las organizaciones delictivas no se puede esperar que actúen con responsabilidad y apego a los ordenamientos legales; las instituciones del Estado, en cambio, tienen la obligación de ceñir su conducta a esos preceptos, y ello incluye, desde luego, llevar ante la justicia a integrantes involucrados en episodios de abusos, como los referidos.

Resulta en extremo preocupante la insinuación del titular de Marina, de que la CNDH se encarga de defender más a los criminales o la delincuencia organizada que a las propias fuerzas federales.

El dicho pasa por alto dos consideraciones centrales: los derechos humanos son irrenunciables, independientemente de la situación policial o penal de las personas –los delincuentes también los poseen–, y la labor fundamental de ese organismo es documentar y señalar los abusos cometidos por la autoridad, más aún en un momento como el actual en el que la desviación de las fuerzas armadas de sus funciones constitucionales ha configurado –como advirtieron en su momento múltiples y diversas voces políticas, sociales y académicas– un escenario de graves y extendidos atropellos a la población.