El juez José Miguel Trujillo Salceda, quien se declaró impedido por evidente enemistad para instruir el proceso penal abierto contra Luis Linares Montúfar, el único operador de Napoleón Gómez Urrutia preso por un delito federal, remitió a su colega, el juez Jesús Terríquez Basulto, quien actualmente está a cargo del juicio, un expediente judicial mutilado.

Desde noviembre pasado, los abogados del sindicato minero presentaron una querella penal en contra del juez Trujillo, por lo que éste se declaró impedido para continuar juzgando a Linares. Durante ese mes, el impartidor de justicia remitió al juzgado a cargo de Terríquez un expediente incompleto.

De los 46 tomos que integran el sumario judicial, Terríquez sólo recibió 38, además de que varias de las casi 40 carpetas que sí fueron entregadas al juzgado décimo segundo de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Oriente estaban también incompletas.

Funcionarios judiciales que tienen acceso a los expedientes de este litigio revelaron a La Jornada que el juez Trujillo –del juzgado primero de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Norte– envió un escrito a su compañero juzgador para explicar el motivo de la mutilación del expediente.

En un oficio judicial, Trujillo le expuso a su colega que todo obedecía a que durante el desarrollo del proceso en el juzgado primero las partes tramitaron infinidad de juicios de amparo, por lo que parte de los originales del sumario tuvieron que enviarse a otros tribunales relacionados con el caso.

A decir del abogado penalista Rogelio Garza, consultado por esta diario, el Código Federal de Procedimientos Penales impide que los originales de los expedientes judiciales se remitan a otros juzgados.

Las leyes penales del país ordenan que los jueces de distrito envíen a otros tribunales que participen en un litigio –ya sea en segunda instancia o mediante la vía de amparo– copias certificadas de cada tomo, mas no el original de un expediente.

Trujillo Salceda enfrenta desde hace tres meses una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) luego de que el subordinado de Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, denunció al juzgador por presuntamente obstruir la justicia, al no obligar a declarar en calidad de testigos a los hermanos Genaro y Germán Larrea, propietarios de Grupo México.

Ayer, ambos empresarios volvieron a incumplir un citatorio judicial (sumaron 20 ocasiones que no acuden a un llamado de una autoridad jurisdiccional), por lo que se hicieron acreedores a un arresto inconmutable por 36 horas.

En noviembre pasado, Juan Linares Montúfar, presidente del Consejo de Vigilancia del sindicato minero, denunció ante la PGR al juez Trujillo, quien inició el proceso contra el líder sindical acusado de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, por la presunta disposición ilegal de 55 millones de dólares del gremio.

Linares alega que en las más de 15 ocasiones en que los hermanos Germán y Genaro Larrea incumplieron con los citatorios emitidos por el juez Trujillo para que declararan como testigos en el juicio, el juzgador sólo optó por multarlos y no ordenó los respectivos arrestos administrativos.

Esta situación, desde el punto de vista de Linares, obstaculizó la impartición de justicia, pues la imposibilidad de que declararan los empresarios y no usar la fuerza para hacerlos comparecer retrasó su proceso y violentó su derecho a una adecuada defensa.

De acuerdo con informes judiciales, en 17 ocasiones los Larrea fueron citados a declarar y nunca lo hicieron; de ellas, el juez Trujillo emitió un apercibimiento de arresto y también una orden de captura, misma que fue suspendida mediante un amparo.

Ahora, cuando el caso está en manos de otro juez, los Larrea han sido citados en tres ocasiones.

Este martes, al cumplirse la ocasión número 20 en que los empresarios incumplieron con acudir a un citatorio judicial, el juez Terríquez Basulto ordenó el arresto de Germán y Genaro Larrea, quienes sin duda tramitarán una demanda de amparo para obtener una suspensión provisional de la medida administrativa de apremio.

Por la noche, Grupo México emitió un comunicado en el que dio a conocer que el juzgado noveno de distrito en materia de amparo penal en el Distrito Federal concedió a Germán y Genaro Larrea un amparo que les garantiza no ser arrestados.

El consorcio explicó que el pasado 16 de enero ese juzgado, dentro de los juicios de amparo 33/2011 y 34/2011, concedió a los Larrea la suspensión del citatorio decretado por el juez Terríquez.

Sin embargo, el abogado Marco Antonio del Toro, asesor jurídico del sindicato minero y defensor de Gómez Urrutia, aseguró que pese al amparo de los Larrea no pierde sus efectos jurídicos la orden del juez Terríquez y refirió que en los próximos días o semanas los Larrea tendrán que ser arrestados.