La nueva Ley de Ayuda Alimentaria, que apoya fiscalmente a las empresas que otorguen el servicio de comedor y vales de despensa a los trabajadores, permitirá mitigar el impacto de la escalada inflacionaria para el sector obrero y resolver la carga que ha significado la cuesta de enero para el sector obrero.

“La realidad es que una comida diaria cuesta a los trabajadores entre 35 y 45 pesos, es decir, la mitad y el 75 por ciento de un salario mínimo. Ahora bien, un salario promedio de los trabajadores es de 150 pesos diarios, por lo que la comida y el costo de los pasajes significa una tercera parte de este ingreso, señaló el dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán.

Señaló que el sector laboral se encuentra sumamente golpeado económicamente, por lo que esta resolución es positiva para los bolsillos de los obreros mexicanos y a la vez no significa ningún sacrificio para las empresas, porque ambas prestaciones serán deducibles.

A su vez, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) indicó que sería la primera medida que se ha tomado en este sexenio a favor de la economía de los trabajadores, ya que esta ha sido una administración de malas noticias para el sector y de empobrecimiento de la clase obrera.

En nombre de esta organización, Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la misma, planteó que la nueva Ley de Ayuda Alimentaria viene a dar un respiro económico para el sector laboral mexicano, que ha sido golpeado en este y el pasado gobierno, con bajos salarios, desaparición de los aumentos a consecuencia de la inflación; eliminación de prestaciones; recorte o desaparición de sus contratos colectivos, y golpeteo a la autonomía sindical.

También sobre la situación económica de los trabajadores, ayer el Tribunal Internacional de Libertad Sindical señaló en un informe que la obsesión del gobierno de Felipe Calderón por contener, poner tope y castigar los salarios ha generado un panorama verdaderamente sombrío para el sector obrero en cuanto a las expectativas de lograr una mejor calidad de vida en este sexenio; ha propiciado un deterioro grave del poder de compra, y ha abaratado la mano de obra a niveles preocupantes.

En los tres primeros años del sexenio los salarios mínimos generales tuvieron un incremento acumulado de 17 por ciento, mientras los artículos de consumo indispensable en el rubro de alimentos aumentaron en promedio 93 por ciento, y aun así el gobierno busca contener los incrementos a toda costa para los trabajadores, indica el informe.