un cuando no le corresponde a él establecer tales criterios distintivos, el titular de la Secretaría de Marina ha dicho que a su entender merece más protección la seguridad individual de algunos de sus subordinados, bajo acusación de cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos, que la seguridad colectiva derivada de ordenamientos legales y constitucionales.

Tal razonamiento entraña una descalificación absoluta del estado de derecho que hasta ahora sigue vigente, aunque sea en términos declarativos, y la instauración de un fuero absoluto, virtualmente dictatorial, que pretende eximir a los hombres de armas de cualquier forma de sometimiento a indagaciones y castigo por los abusos criminales que cometan en cumplimiento de órdenes superiores. El almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, según ha reportado Jesús Aranda en La Jornada de este miércoles, estima que aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el asesinato de dos civiles equivaldría a poner en riesgo la seguridad de los elementos que participaron en esos hechos, sin considerar que tales hechos fueron absolutamente violatorios de la legalidad constitucional y los derechos humanos, pues consistieron en la agresión desmedida y sin justificación contra dos civiles que no tenían relación alguna con las operaciones contra el narcotráfico que de manera irregular han asumido las fuerzas armadas, aún más marcada tal irregularidad en el caso de quienes como tarea fundamental tienen asignado el mar y sus problemas.

De triunfar la exégesis jurídica planteada por el almirante Saynez, toda impugnación de un acto abusivo de poder habrá de toparse con el elemento disuasorio o exterminante de la seguridad individual de los funcionarios, servidores públicos o elementos armados, pues a fin de cuentas el sometimiento a las leyes implicaría precisar su individualidad y establecer los rangos de culpa que les corresponden. Aceptar hoy la tesis de la seguridad individual de los acusados, como una especie de deber de encubrimiento o protección por parte de los superiores, sería una variante de las fórmulas de la llamada obediencia debida que dictaduras latinoamericanas establecieron como criterio para tratar de eludir responsabilidades en la macabra guerra sucia establecida contra opositores y disidentes.

Llama la atención, además, que el almirante secretario trate de endosar móviles oscuros a quienes buscan someter al imperio de la ley las acciones desquiciadas que en todo el país se están cometiendo a cuenta de la guerra contra el narcotráfico, ahora rebautizada como lucha. Dijo el servidor público Saynez que hay quien se encarga de estar alimentando y amarrando navajas y que parece que alguien se encarga de defender más a los criminales o a la delincuencia organizada que a las propias fuerzas federales. En los casos que han dado pie a esta polémica, de lo que se trata es de defender el cumplimiento de dos recomendaciones emitidas por el organismo autónomo que el propio Estado mexicano ha sostenido fatigosamente para atender con languidez las denuncias de ciudadanos que creen violentados sus derechos por quienes ejercen el poder público, una CNDH, por lo demás, largamente desgastada por su falta de filo real ante esos poderes infractores y desacreditada por la prolongada estadía en sus niveles de mando de representantes de la camarilla jurídico-política instalada allí por el doctor Jorge Carpizo y en especial por la desafortunada actuación del opusdeista José Luis Soberanes. No se busca la defensa de criminales, sino el castigo de quienes acribillaron sin razón a una mujer y a un hombre en el contexto de muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos.

En estricto sentido, la exigencia de justicia y legalidad abarca no solamente a estas dos personas asesinadas en el contexto de la embestida contra uno de los hermanos Beltrán Leyva, sino también en el caso del marino Melquisedet Angulo, cuya familia fue acribillada luego de conocerse por amplia difusión oficial la identidad del infante caído. Es decir: de cada una de esas muertes hubo responsables que deben ser castigados. Mandos o ejecutores de órdenes que instruyeron la apertura de fuego indiscriminado contra civiles, y mandos o ejecutores de órdenes que exhibieron al marino Angulo y le colocaron en situación de posteriores venganzas. Sin embargo, el almirante Saynez sostiene que la Marina continuará en la lucha contra delincuentes y narcotraficantes actuando por cuenta propia o en coordinación y cooperación con otras dependencias del gobierno federal, incluso de países amigos. Por cuenta propia. Países amigos. Obediencia debida.

Astillas

Están en proceso de ajuste los mecanismos partidistas y de poder público que definirán por acuerdos políticos el resultado de la consulta ciudadana en el estado de México. Los extremos se van acercando: el yunquista Luis Felipe Bravo Mena se aviene a lo que digan esos resultados, al igual que el semichucho y semipeje Alejandro Encinas, quien reunido con la Nueva Izquierda de esa entidad ha dicho que aceptará lo que marquen las urnas. Los Pinos empujará con todo por una alianza, mientras Toluca irá en contra. Pero, ¿Encinas acatará, además de aceptar, el desenlace aunque signifique finalmente ir en el paquete PRD-PAN que dice rechazar?  ¿Estamos en presencia de un arreglo de cúpulas que satisfaga por tercios a los concurrentes: Los Pinos, Los Chuchos y AMLO? ¿Todo se romperá para que al final queden los candidatos reales de cada fuerza: el gallo por dedazo de Peña Nieto, el reciclamiento marginal de Bravo Mena y la reunificación escenográfica de la izquierda con Encinas?... Y, mientras PRD, PT y Convergencia van en Michoacán en una alianza natural, justificada y explicable, y el PAN se abre en Nayarit a postulaciones conjuntas con el PRD, pensando en pagar favores colaboracionistas a Guadalupe Acosta Naranjo, ¡hasta mañana, con Molinar Horcasitas dando lustre y definiendo la honorabilidad de la comisión política del PAN ayer designada!

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