La Secretaría de la Función Pública presentó denuncia penal contra tres servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), y un ex titular en la delegación de la dependencia en Tabasco, por erogar y no comprobar recursos públicos por más de 27 millones de pesos. A los servidores en activo los inhabilitó de la gestión pública. Se trata de Bernardino Rico Maya, delegado estatal de la PGR en Tabasco; el subdelegado administrativo, Alberto Reyes Campos, y el jefe de departamento de recursos materiales y financieros, Néstor Que Baños, así como del ex titular de esa delegación de la PGR en 2007, César Romero Valenzuela. Respecto de las sanciones impuestas, a Rico Maya y Que Baños los destituyó e inhabilitó por 10 años. La multa ascendió a 5 millones 917 mil pesos. A Reyes Campos lo destituyó e inhabilitó 11 años y lo multó con igual monto. Romero enfrenta denuncia penal por no comprobar el gasto de 9.1 millones de pesos, documentos que supuestamente desaparecieron tras los estragos del huracán Dean, en 2007.

La Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal solicitó a Rogerio Casas-Alatriste, presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP), su intervención para que se presente una iniciativa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para disminuir los costos que significan las auditorías que las IAP deben presentar anualmente, lo cual, remarcó, no busca eludir la supervisión y vigilancia.