La Secretaría de la Función Pública presentó denuncia penal contra tres servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), y un ex titular en la delegación de la dependencia en Tabasco, por erogar y no comprobar recursos públicos por más de 27 millones de pesos. A los servidores en activo los inhabilitó de la gestión pública. Se trata de Bernardino Rico Maya, delegado estatal de la PGR en Tabasco; el subdelegado administrativo, Alberto Reyes Campos, y el jefe de departamento de recursos materiales y financieros, Néstor Que Baños, así como del ex titular de esa delegación de la PGR en 2007, César Romero Valenzuela. Respecto de las sanciones impuestas, a Rico Maya y Que Baños los destituyó e inhabilitó por 10 años. La multa ascendió a 5 millones 917 mil pesos. A Reyes Campos lo destituyó e inhabilitó 11 años y lo multó con igual monto. Romero enfrenta denuncia penal por no comprobar el gasto de 9.1 millones de pesos, documentos que supuestamente desaparecieron tras los estragos del huracán Dean, en 2007.