La controversia generada por la entrega de una porción de espectro radioeléctrico a Nextel a través de la licitación 21 no está concluida, aseguró Salvador Rocha Díaz, abogado de Iusacell, empresa que ha interpuesto cerca de 60 juicios de amparo contra el proceso, relacionado con la prestación de servicios de telefonía móvil de última generación.

Afirmó que la destrucción de documentos relacionados con la asignación de ese bien público a Televisa-Nextel constituye una muestra clara de que todo el tiempo la autoridad estuvo actuando en contra de la Constitución y la ley.

Se refiere al hecho de que el disco con el audio de la sesión en que se falló la licitación 21 fue destruido, según la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el organismo regulador del sector y responsable de otorgar la concesión al consorcio formado por Televisa y Nextel, del que después se desligó la compañía televisora.

Esto originará nuevos procesos legales, sostuvo Rocha Díaz, al anunciar que analizan presentar una demanda contra los responsables de la destrucción del disco. No recuerdo ningún caso en que se haya destruido la documentación relativa a un proceso de licitación ni ninguna otra información importante. El último caso importante fue la quema de boletas de la elección de 1988, de las que oficialmente resultó triunfador Carlos Salinas de Gortari y que fue aprobada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) dio a conocer el miércoles pasado que denunciará ante la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por ocultar o posiblemente haber destruido el audio de la sesión extraordinaria del organismo regulador en la que se aprobó la licitación 21 a favor de Televisa-Nextel. Cuando fue requerida la información, la Cofetel primero respondió con la reserva por 12 años del audio de la sesión, celebrada en agosto de 2010. Luego dijo que era imposible elaborar una versión pública del audio, porque no tenían los medios electrónicos para hacerlo. En una tercera versión alegó que no existía la grabación porque el disco compacto en que fue registrada ya había sido reutilizado.

El abogado Salvador Rocha Díaz, en una conferencia de prensa. Imagen de archivoFoto Cristina Rodríguez

Es obvio que la licitación 21 ha sido un motivo de escándalo nacional y estos acontecimientos de los últimos días no han venido más que a confirmarlo, dijo a La Jornada Salvador Rocha Díaz, abogado de Iusacell, respecto de la posible destrucción por parte de la Cofetel del registro sonoro de la sesión en que fue entregada la licitación 21 a Televisa y Nextel. Tendremos que plantear las responsabilidades de quienes corresponda por la destrucción de este material, que es histórico, declaró.

–¿Quiénes son los responsables de salvaguardar el material que registra el desarrollo de las sesiones de la Cofetel?

–El material de la Cofetel debe ser conservado por los consejeros de ese organismo, específicamente su presidente (Mony Sacha de Swaan Addati) y la secretaría técnica.

Para Rocha Díaz la serie de contradicciones respecto del destino del audio de la sesión –que primero fue declarado como reservado y luego perdido por haber sido reciclado el disco– obviamente constituye un elemento nuevo (en la serie de cerca de 60 litigios en contra de la licitación) porque esto originará nuevos procesos, por una parte. Por otra parte, se fortalecerán los procesos que tenemos en curso porque está claro que la autoridad estuvo actuando estrictamente en contra de la Constitución y de la ley.

–Si es cierto que fue destruido el documento, aparte de la responsabilidad jurídica, ¿por qué cree que existe ese deseo de que no se conozca lo que ocurrió en esa sesión?

–Esa pregunta la tiene que contestar quien fue secretario de Comunicaciones en ese momento, Juan Molinar Horcasitas (actual funcionario de la dirigencia nacional del PAN) y en su caso su superior, que es Felipe Calderón. Es verdaderamente increíble que se haya presentado una expresión de tal naturaleza y una conducta tan arbitraria como llegar a la destrucción de documentación pública con tal de proteger una licitación que de antemano la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quería asignar a una determinada empresa.