Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), sorprendió a los integrantes de la Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión cuando dijo que en 2010 esa dependencia registró 222 denuncias de indocumentados (en su mayoría centroamericanos) por secuestro.

El dato aportado por el funcionario contrasta con el registro de Amnistía Internacional, que ubica en 20 mil la cifra de migrantes plagiados, y con el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que considera que 10 mil personas han sufrido la privación ilegal de su libertad a manos de delincuentes.

La postura de Salvador Beltrán fue recriminada por el presidente de la Primera Comisión legislativa, Heliodoro Díaz Ezcá- rraga, quien calificó de incongruente la política migratoria de México, porque los tres niveles de gobierno y sus corporaciones policiacas y de seguridad no parecen tener capacidad de respuesta para acotar el secuestro de indocumentados ni para inhibir los hechos delictivos del crimen organizado.

Gesticulando y con tono de voz elevado, el diputado priísta exigió al funcionario información precisa sobre la política migratoria del gobierno federal, porque no puede eludir –dijo– el cumplimiento de respeto a los derechos humanos de quienes cruzan territorio nacional en su paso hacia Estados Unidos.

En forma de réplica, Beltrán del Río insistió en urgir al Senado para que apruebe una nueva ley en materia de migración, para garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes cruzan el país hacia la frontera norte.

Debemos tener un reconocimiento jurídico del instituto, pero sobre todo se requiere actualizar y armonizar el marco migratorio para garantizar la protección de derechos de los indocumentados.

En distintos momentos de su comparecencia, aseguró que el gobierno federal impulsa el respeto a los derechos de los extranjeros que se encuentran en territorio mexicano. Una estrategia para evitar que se transgredan es la creación de la red de apoyo a los migrantes.

En tanto, la senadora priísta María del Socorro García ponderó las acciones emprendidas por el Congreso federal para coadyuvar en la garantía de los derechos de la seguridad de los migrantes. Demandó a Beltrán del Río información de los criterios utilizados para solicitar el presupuesto del instituto. Incluso, entre los diputados panistas se aceptó que a pesar del empeño de los tres niveles de gobierno subyace una escasa coordinación y comunicación entre éstos. Se sumó a la propuesta de Salvador Beltrán para crear la red de atención a migrantes, que por cierto es impulsada por la Comisión Permanente del Congreso.

En su turno, Teresa Guadalupe Reyes (PT) reprochó la organización de reuniones y foros sobre el tema, porque hasta la fecha las agresiones contra los migrantes continúan en aumento.

Recordó que las vejaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes no se limitan a hechos como el multihomicidio de 72 indocumentados en Tamaulipas, y preguntó: ¿cuál ha sido el avance para dar con los responsables y qué acciones se llevan a cabo para evitar otra masacre?.

En concordancia con las cifras de Amnistía Internacional y de la CNDH, Arturo Zamora (PRI) señaló que cada año 20 mil personas son extorsionadas o secuestradas estando en condición de indocumentados, y al igual que la diputada Teresa Guadalupe Reyes, insistió en que no es suficiente la suscripción de protocolos, mucho menos, cuando se distribuyen cargas de responsabilidad a autoridades de otros niveles de gobierno.