Militares allanaron con exceso de fuerza y sin orden de cateo las instalaciones del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) en la ciudad de Oaxaca, lo que representa un acto de intimidación contra el trabajo en la defensa de los sectores más vulnerables de la entidad, particularmente las mujeres indígenas, informó María del Carmen López Almazán, consejera estatal de dicha organización.

En entrevista con La Jornada, explicó que el 11 de enero, a las 18:45 horas, unos 25 soldados irrumpieron en la sede de la Codep, tiraron la puerta y encañonaron a los activistas, narró López.

Los militares trataron de llevarse documentación y equipo, con el argumento de que había una denuncia ciudadana contra las actividades del colectivo, pero los miembros de la Codep lo impidieron, al evidenciar que los efectivos no tenían orden de cateo.

Los soldados moderaron el tono y se retiraron, pero advirtieron a los activistas que seguirían pendientes de ellos. Un día después, los miembros de la Codep presentaron una queja ante la Secretaría de la Defensa Nacional, el Congreso local y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hemos sido constantemente agredidos. Hay compañeros que no han podido regresar a sus comunidades porque han sufrido tortura e intentos de asesinato; detrás de todo esto aún puede estar la mano de Ulises Ruiz, afirmó.

Desde que participamos en el movimiento de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), hemos dicho que este territorio tiene vastos recursos naturales que las empresas trasnacionales quieren conseguir sin consultar a las comunidades, eliminando a quien se oponga.

De cara a la represión, es necesario no permanecer callados, subrayó López.