l Instituto Electoral del Estado de Guerrero llamó ayer a los ciudadanos de esa entidad, que eligen hoy al nuevo jefe del Ejecutivo estatal, a consolidar la cultura política mediante su participación sin temor en las urnas, y exhortó a los contendientes a la gubernatura a desempeñarse con apego a las normas de civilidad y propiciar un clima adecuado para el desarrollo de los comicios.

El exhorto a los actores políticos se presenta en forma tardía e insuficiente en unos comicios que, sea cual sea el resultado, quedarán marcados por la guerra de lodo entre los equipos de los dos principales aspirantes: Manuel Añorve, candidato de la coalición Tiempos Mejores para Guerrero (PRI, Panal y PVEM), y Ángel Aguirre, un priísta de toda la vida que desertó de su partido hace unos meses y que es postulado por Guerrero nos Une (PRD, PT y Convergencia). En efecto, con la jornada que se realiza hoy en esa entidad culmina formalmente un proceso caracterizado por irregularidades de diversa índole, por la proliferación de denuncias sobre violaciones a la normatividad electoral por ambos bandos –hasta ayer el IEE había recabado unas 160–, por la presunta compra de votos y por campañas sucias en las que se recurrió al espionaje telefónico, a la impresión y distribución de libelos, a imputaciones penales y a la descalificación recurrente del adversario como sucedáneo de las propuestas concretas. Particularmente grave, y a la vez indicativo del nivel de degradación política en el preámbulo de los comicios guerrerenses, es la aparición, ayer, de una nueva portada apócrifa de La Jornada Guerrero, como la que había sido distribuida el pasado 19 de enero: esa práctica evidencia un empeño inadmisible por distorsionar la información, incidir en forma indebida en el ánimo de los electores y crispar todavía más el ambiente prelectoral, valiéndose, para colmo, de la credibilidad de un medio de comunicación.

En suma, la campaña electoral en Guerrero constituye ya un atentado a las normas de la civilidad y un lamentable muestrario de las peores prácticas de proselitismo político. Sin duda, lo ocurrido en las últimas semanas en esa entidad del sur del país es deplorable y vergonzoso por donde se le vea, pero no puede calificarse de sorpresivo: no cabría, en efecto, esperar campañas y comicios locales civilizados en un entorno nacional todavía marcado por el descrédito y la debilidad de los organismos encargados de organizar y de calificar las votaciones, y agravado por el contexto de violencia, inseguridad y zozobra que se ha extendido en el país en el contexto de la guerra contra la delincuencia. Este último componente ha enrarecido en forma particular el ambiente político-electoral en la entidad guerrerense, no sólo por el elevado número de muertes violentas registradas ahí en este mes –alrededor de 70– sino también por el empleo de narcomantas en las que se acusa a los dos aspirantes punteros de tener vínculos con el crimen organizado.

El saldo desolador de esta situación es el estancamiento –o peor aún: la regresión– en el desarrollo democrático del país y el ensanchamiento de la distancia entre la sociedad y una clase política empeñada en repartos de poder que inciden cada vez menos en el nivel de vida de las personas –o lo hacen en forma negativa– pero que alimentan circunstancias regionales y nacionales riesgosas, y hasta explosivas, empezando por el descrédito generalizado de la vida institucional.

Al margen de los resultados que se divulguen esta noche, la degradación de la vida político-electoral, el descrédito de los partidos y la regresión de mucho de lo que se había avanzado en materia cívica son hechos que no debieran minimizarse, y que tendrían que constituir un aviso para comicios estatales venideros y, sobre todo, para las elecciones federales del año entrante. De lo contrario, las elites políticas podrán seguir simulando una normalidad democrática e institucional en el ámbito de lo formal, pero en los hechos proseguirá la degradación de la convivencia y el respeto entre expresiones políticas diversas, la inverosimilitud de los procedimientos electorales y el descrédito de las instituciones encargadas de realizarlos y juzgarlos. Y si esto sigue así, tarde o temprano el régimen político habrá de enfrentarse con la perspectiva indeseable de la ingobernabilidad.