Jalapa, Ver., 29 de enero. Efectivos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) han detenido a 23 de los 115 ex funcionarios municipales, incluidos 11 ex alcaldes, contra los cuales la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) giró órdenes de aprehensión por daño patrimonial superior a 67 millones de pesos durante los trienios 2005-2007 y 2008-2010.

Luego de 36 horas de operativos para localizarlos en 16 dis- tritos judiciales, los agentes detuvieron a 11 ex presidentes municipales: Fernando Hernández Méndez, de Tecolutla; Leonardo Mendoza Martínez, de Benito Juárez; Adán Sosa Zamorano, de Saltabarranca; Juvencio González Juárez, de Coxquihui; Amancio Rodríguez Morales, de Camarón de Tejeda; José Luis Vallarta, de Zozocolco de Hidalgo; Mario Rodríguez Salazar, de Nautla; Juan Hernández Hernández, del municipio de Rafael Lucio; Ramón Torres Hernández, de Otatitlán; Luis Bautista, de Ilamatlán; y Fidel Morales, de Zalcualpan.

Otros 12 ex síndicos, regidores y tesoreros en los mismos municipios que también fueron aprehendidos son Óscar Zarrabal Guillaumín, Juan Pérez Cardeña, Fernando Valerio Hernández, Crecencio González Juárez, Nazaria Rodríguez Márquez, Ambrosio J. Hernández, Roberto Castro, Guillermo Reyes López, César Libreros, Roberto Castro, Antonio Morales Espinoza y Miguel Mario Zacamecahua.

La AVI continúa la búsqueda de otros 92 ex servidores públicos, entre quienes se encuentran seis ex alcaldes que concluyeron su mandato apenas el 31 de diciembre de 2010, entre ellos Blanca Batalla, de Alamo, y Julia Zavala Hernández, de Tempoal.

Rechazan cuentas públicas de 123 ayuntamientos

La noche del viernes, los diputados locales rechazaron aprobar la cuenta pública 2009 en 123 de los 212 ayuntamientos, porque los ex funcionarios no acreditaron la aplicación de 987 millones 455 mil pesos, según el dictamen de la Comisión de Vigilancia.

Las cuentas públicas fueron regresadas al Órgano de Fiscalización Superior para que inste a los ex ediles a acreditar con documentos las inconsistencias o, en su caso, promover denuncias penales.

Entre los municipios bajo observación destacan Córdoba, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Nogales, Ciudad Mendoza, Río Blanco, Soledad de Doblado, Catemaco y Minatitlán, de los más grandes de la entidad.