Culiacán, Sin., 29 de enero. Una treintena de militares tomaron durante cinco días la comunidad de La Presa, donde catearon viviendas de madrugada, golpearon a jóvenes e hincaron a niños, a quienes además apuntaron con sus fusiles, denunciaron los vecinos de esa población ubicada en la zona serrana del municipio de Tamazula, en Durango, a pocos kilómetros de Cosalá, Sinaloa.

Personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) que acudió a atender la queja reportó que los uniformados acusaron a los habitantes, que suman unas 60 familias, de dedicarse al cultivo de drogas y de posesión de armas.

Los vecinos informaron a los visitadores de la CDDHS que ellos viven de la siembra de frijol y maíz de temporal, y de la explotación de porcinos y caprinos, además del ganado vacuno.

Araceli Carranza Osorio narró: “Yo vivo sola con mis cuatro hijas (todas menores) y tres veces me han levantado, ya muy noche, a las 12 o a la una, y me gritan que me levante, que les abra la puerta, y en lugar de esperarse se suben, se asoman por la ventana, y yo me pregunto: ‘¿por qué no revisan de día?’, y les reclamé, pero uno de ellos me dijo ‘a mí me vale madre’”.

Otro vecino dijo: “una mujer de 78 años está en tratamiento en la clínica de la Secretaría de Salud de Los Remedios –comunidad ubicada cerca de La Presa– porque tiene problemas cardiacos, otra más tuvo una crisis nerviosa y tuvo que ser medicada cuando vio cómo golpeaban a uno de los jóvenes”.

Varios jóvenes fueron interrogados y golpeados; uno de ellos, Rosario, quien padece de sus facultades mentales, fue tratado como perro por los soldados, señaló Hermina Valdez Carranza, su madre. Dijo que su hijo fue empujado, recibió culatazos, puntapiés y amenazaron con ahogarlo en el río Tamazula.

Queja sin respuesta

A La Presa se llega en 30 minutos por avioneta, saliendo del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Por terracería serían unas cuatro horas a Cosalá.

Entre los denunciantes hay pocos jóvenes y adultos. Unos cuantos ancianos se asoman y otros más, la mayoría, se mantienen a distancia, quizá por desconfianza. Los vecinos señalan que los hombres se fueron al monte, porque los militares los golpean, hostigan y amenazan. Aunque saben que si los encuentran allá tal vez sea peor.

Los militares, que anteriormente se instalaban en el monte, ahora usan el local que la comunidad destina a sus fiestas.

Otra mujer contó que dentro de su casa, frente a los niños y mientras revisaban ropa y muebles, les apuntaron con sus armas y cortaron cartucho.

Los militares retienen en su campamento cuatro camionetas de modelo reciente, entre las cuales está la de Elvia Cornejo, que trae placas TX-30805. Los uniformados insisten en que si entregan los papeles se las regresan, pero el abogado Joel Zavala Aispuro, visitador de la CDDHS, afirmó que no tienen por qué decomisarlas si no hay indicios de que hayan sido usadas para transportar drogas, aunque no tengan documentos.

Las inconformes hicieron un mitin frente al campamento, donde el teniente León Felipe Suárez Cruz, uno de los jefes del destacamento –el otro es el teniente Juan Manuel Fajardo Baena–, atendió sólo al abogado de la CDDHS. El oficial negó que haya cateos ilegales, lesiones físicas, hostigamiento y amenazas, y prometió abandonar la comunidad esta semana.

Me dijo que en el pueblo encontraron un fusil AK47, dos armas cortas y decomisaron tres toneladas de mariguana, pero que no hay detenidos. Ellos negaron todo y dijeron que las revisiones a las casas las habían hecho con el consentimiento de las mujeres, señaló Zavala a las inconformes.