En junio próximo vence el plazo para concretar reformas que servirán de marco jurídico para el proceso electoral 2011-2012, el cual comenzará en octubre y concluirá en julio del año siguiente con la elección para Presidente de la República.

Los organismos electorales tienen una intensa carga de trabajo debido al elevado número de asuntos por irregularidades en la difusión de propaganda, principalmente.

Sin embargo, no cuentan con todos los elementos reglamentarios para sancionar, por ejemplo, a funcionarios y gobernantes que buscan recovecos para difundir propaganda personalizada que prohíbe la ley, según lo dispuesto por la reforma electoral de 2007-2008.

En tanto, los consejeros y magistrados electorales aplican criterios distintos en la resolución de casos ante la falta de leyes y reglamentos.

Durante las sesiones del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es ya frecuente escuchar que para lo que algunos es una clara violación a la ley, para otros son sólo mensajes difundidos en el contexto de la libertad de expresión.

El ejemplo más claro de esta carga de trabajo son los casos relativos al uso de recursos públicos en la contratación de espacios para la difusión de imagen de funcionarios y, en general, las diversas formas de propaganda.

El artículo 41 de la Constitución Política señala, entre otros aspectos, que los partidos políticos no pueden contratar o adquirir, por sí, o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; la propaganda difundida –dentro de los tiempos oficiales o por otra vía– debe abstenerse de expresiones denigrantes o calumniosas. Respecto a los gobernadores, sólo podrán difundir sus informes en mensajes de radio y televisión algunos días antes y después de cumplir con esta obligación ante sus respectivos congresos. Sin embargo, la ley no precisa sanciones para cada una de las múltiples posibilidades de propaganda irregular.

El IFE y el TEPJF ocupa gran parte de sus recursos humanos y materiales en atender dichas quejas.

En mi caso, por lo menos el 40 por ciento de mi trabajo lo dedico a analizar casos de propaganda de radio y televisión, señaló Marco Baños, presidente de la Comisión de Quejas del IFE.

Sobre la carga de trabajo comentó que en lo que a este grupo corresponde sesionó en 50 ocasiones en el periodo de enero 2010 a enero 2011.

Los consejeros sí han solicitado a los legisladores atender los pendientes en lo que a reglamentación se refiere. El año pasado, por mencionar sólo un caso, el IFE concluyó que el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, había incurrido en una legalidad de este tipo; sin embargo, sólo se le dio vista a las autoridades fiscalizadoras estatales de los hallazgos y conclusiones del IFE, pero no se garantiza con ello una investigación y sanción por parte de las instancias de contraloría y fiscalización estatales.

Recientemente ocurrió un episodio similar con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien contrató espacios en televisión para la difusión de mensajes con motivo de su informe de gobierno. Estos promocionales se transmitieron en todo el país, incluidas las entidades en donde hay proceso electoral en marcha. Ante esta violación de la Constitución y al Código Electoral Federal, los consejeros sólo pudieron dar vista, como en el caso de Oaxaca, a la contraloría estatal. Ahora analizan otro asunto idéntico en donde se presume que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, incurrió en esta misma violación.

En tanto, los magistrados que integran la sala superior del TEPJF afirman que seguirán resolviendo los asuntos de su competencia con elementos que les ha proporcionado el Legislativo y afirman que aun cuando los diputados y senadores no aprobaran nuevos reglamentos o enmiendas a este sentido, continuarán emitiendo resoluciones conforme a derecho y criterios aplicables.

Es mucho lo que hace falta, pero por supuesto no vamos a fijar la agenda del Legislativo. Tenemos hasta junio de este año para las reformas en materia federal. Si no se hacen seguiremos aplicando la norma constitucional. En consecuencia, se interpretarán y resolverán los casos particulares a partir del texto constitucional; cuando haya una legislación ordinaria, ojalá (que ésta) coincida con nuestro criterio, señaló el magistrado Flavio Galván.