Durante 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente directa de la oficina del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, detectó 4 mil 648 operaciones relevantes en el sistema financiero mexicano que pudieran estar vinculadas con esquemas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Este número representó un incremento de 6.4 por ciento respecto de las 4 mil 367 detectadas durante 2009, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En México, la principal fuente de lavado de dinero está asociada con el tráfico y la producción de narcóticos. Ello significa que, al ser el estadunidense el mayor mercado de consumo de estupefacietes en el mundo, gran parte del monto total de los recursos de procedencia ilícita que son lavados en la economía mexicana se encuentran en dólares en efectivo.

El lavado de dinero, en términos generales, se define como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas si arriesgar su fuente.

Las operaciones relevantes, por su parte, son aquellas que realizan los clientes del sistema financiero mexicano por montos iguales o superiores a los 10 mil dólares y los reportes sobre estas operaciones constituyen una base de referencia en el proceso de análisis de la UIF.

En lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón se han detectado 27 mil 248 operaciones relevantes. En 2006 se identificaron 5 mil 615; en 2007, 6 mil 105; en 2008, 6 mil 513; en 2009, 4 mil 367 y en 2010, 4 mil 648 operaciones relevantes.

Sin embargo, a partir de agosto de 2008 se empezó a observar una disminución en el volumen de operaciones relevantes reportadas, debido al aumento en el tipo de cambio, ya que un volumen importante de operaciones que se reportaban fluctuaban entre los 100 mil y 150 mil pesos y al incrementarse el tipo de cambio dejaron de ser reportadas. Además, después de aplicarse una nueva normatividad en 2010, algunas instituciones financieras han dejado de operar dólares en efectivo con sus clientes.

Se estima que el monto de recursos que no tienen una justificación sobre el origen lícito y que están insertados en los circuitos formales de la economía mexicana es de unos 10 mil millones de dólares anuales. Cálculos de la UIF señalan que para transportar esta cantidad se requieren 100 mil maletines con dimensiones de 30 por 50 por 15 centímetros, que contenga cada uno cien mil dólares en billetes de 20 dólares.

La UIF explicó que uno de los principales instrumentos para introducir las ganancias criminales a la economía ha sido el dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en extranjera. En un principio, los billetes eran introducidos en diversas instituciones financieras mexicanas mediante transacciones realizadas por personas físicas (comúnmente prestanombres) o empresas fachada.

Ante mayores controles ahora se buscan mecanismos para cambiar los dólares a pesos mexicanos a través de negocios informales de cambio de divisas, localizados en la franja fronteriza del norte, o mediante operaciones estructuradas en casas de cambio y centros cambiarios; o bien los recursos se han utilizado para la adquisición directa de bienes o mercancías.

En el caso de la introducción de dinero proveniente del narcotráfico en instituciones financieras mexicanas se han observado transferencias electrónicas de fondos a instituciones financieras en Estados Unidos y Asia simulando, principalmente, transacciones de operaciones comerciales internacionales.

Hace apenas 10 días el ex presidente de Colombia César Gaviria indicó que México no está trabajando suficientemente en el lavado de dinero y de activos. Al participar con la conferencia sobre Seguridad Nacional en la plenaria del grupo parlamentario del PAN en la capital mexiquense, el ex mandatario dijo que a la legislación en México le falta muchos elementos para castigar los delitos de lavado de dinero.

Con base en las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales de los que es parte el Estado mexicano, así como resultado de las evaluaciones que se han realizado a México, se considera prioritario que el Poder Legislativo fortalezca el marco jurídico en materia de lavado de dinero, corrupción y recuperación de activos, tomando en consideración los estándares previstos en los tratados internacionales de los que México es parte.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó a México atender prioritariamente modificaciones al Código Penal Federal debido a que el delito de lavado de dinero no cubre dos aspectos importantes: la ocultación o encubrimiento de la verdadera fuente, localización, disposición, movimiento o propiedad de derechos respecto a los bienes y la posesión o uso de bienes sin un fin específico.

Adicionalmente, se encontró escasa actividad de reportes de actores financieros a la UIF debido a su falta de obligatoriedad; la definición de sospecha amplia que no permite investigaciones específicas.